En Caldera, comuna de la región de Atacama, el presidente José Antonio Kast promulgó la ley que establece un marco regulatorio para el uso de agua de mar en procesos de desalinización en Chile, con el objetivo de asegurar el suministro humano y resguardar los ecosistemas. El recorrido por la planta Aguas CAP ilustra el giro: Kast afirmó que la normativa avanza con transversalidad en el Congreso tras ocho años de debate, venciendo temores de que el mar se vería afectado por las temperaturas y de que podrían morir especies. Se puede avanzar sin destruir el medioambiente, enfatizó el mandatario, y añadió que la evidencia observada en los ductos demuestra que la vida persiste cuando se respeta el entorno. "El dato mata el relato y eso es relevante que se vaya asentando en las comunidades", dijo, al detallar que la aprobación se apoyó en diversas posiciones políticas. En Chile ya existen 32 sistemas de agua desalada operando y hay 52 proyectos en distintas etapas, con una inversión cercana a los US$ 20 mil millones. En ese marco, ciudades como Caldera y Chañaral ya se abastecen mayormente con agua desalada, lo que demuestra la viabilidad de la tecnología para zonas con escasez hídrica. Sin embargo, críticos señalan posibles riesgos ambientales y piden robustez en la supervisión. El Ejecutivo sostiene que la normativa busca equilibrar consumo humano y protección de ecosistemas, y que la ley representa un hito para la política hídrica, con el desafío de coordinar permisos y monitoreo ambiental en pasos futuros.