El Presidente José Antonio Kast condicionó este lunes la entrega de nuevas autorizaciones para manifestaciones a que sus convocantes ayuden a identificar a encapuchados y agresores, según La Tercera. Lo dijo en el Mercado Central de Santiago.
"Antes de dar nuevas autorizaciones, tenemos que ver que los que han llamado a distintas manifestaciones respondan por el llamado y nos ayuden a identificar a aquellas personas que se encapuchan, que agreden, que violentan", afirmó el Mandatario.
Kast llegó al lugar junto al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y al gobernador regional, Claudio Orrego. El objetivo era presentar el Programa de Recuperación de Espacios de Alto Valor Social, una iniciativa de recuperación de barrios con apoyo del gobierno central.
Sin embargo, la actividad giró hacia otro tema. Kast agradeció a Orrego "por limpiar la Alameda" tras la marcha de la semana pasada, convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la organización que agrupa a las federaciones universitarias del país.
"Yo no tengo problema en que la gente se pueda manifestar y plantear sus diferencias, pero pacíficamente", dijo. Agregó que los organizadores deben hacerse responsables y marginar a quienes destruyen y agreden.
Los dichos llegan tras los enfrentamientos ocurridos durante esa marcha. Según La Tercera, un grupo de estudiantes de los movimientos de derecha Solidaridad UC y el Movimiento Gremial sufrió agresiones de encapuchados afuera de la casa central de la Pontificia Universidad Católica. El hecho generó fuertes críticas en el oficialismo, y Kast sostuvo que la situación "no puede volver a ocurrir".
La fuente no detalla el motivo específico de la convocatoria de la Confech. Sin embargo, el diputado socialista Juan Santana vinculó la protesta al Presupuesto y acusó al Presidente de burlarse de los estudiantes al día siguiente.
La reacción opositora fue inmediata. El presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, sostuvo que Kast debe dejar "de justificar su falta de trabajo". "Él es el encargado de la seguridad. ¿Ahora quiere condicionar las movilizaciones a que el resto le haga la pega?", cuestionó.
La diputada comunista Nathalie Castillo recordó que el derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente está garantizado por la Constitución y "no es una concesión del gobierno de turno". Planteó que los hechos de violencia deben investigarse, pero que no corresponde responsabilizar a priori a los convocantes por actos de terceros.
Santana, en tanto, afirmó que su partido no aceptará que el Presidente use esos hechos para condicionar el derecho a manifestarse. La directiva del Partido Comunista, de acuerdo con La Tercera, aún no se pronuncia oficialmente.
El anuncio abre una pregunta práctica que el Gobierno no ha respondido: cómo se aplicará la condición en las próximas solicitudes de marcha y qué ocurrirá si los convocantes no colaboran en identificar a los agresores.
