A mediados de febrero fue hallado el cuerpo de un joven de 14 años carbonizado en la vía pública de Arica, en lo que la investigación preliminar relaciona con un ajuste de cuentas entre bandas, según reportes policiales y la pesquisa en curso. El caso puso en el centro del debate al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido como Mejor Niñez, cuyo director, Claudio Castillo, salió a explicar las acciones del organismo.

Castillo relató que el menor había estado tres días en una residencia administrada por el servicio dentro de un total de 320 días y que, en otros 176 días, permaneció hospitalizado o en un centro de tratamiento. Ante una salida no autorizada, afirmó, el personal activó protocolos de búsqueda y presentó denuncias ante Carabineros de Chile cuando los plazos lo permitieron. "No es el rol del servicio la lucha contra el crimen organizado", dijo Castillo, y añadió que se hicieron gestiones más allá de las competencias habituales e incluso poniendo en riesgo la integridad física de funcionarios.

Según la versión del director, Mejor Niñez coordinó alertas con otras instituciones y registró las denuncias correspondientes. Fuente oficiales consultadas por este medio confirman que la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota tiene abierta una investigación penal para esclarecer las circunstancias de la muerte y si existieron responsabilidades penales de terceros.

El caso vuelve a poner en tensión el modelo de residencias abiertas para infancia y adolescencia, que buscan integrar a los jóvenes en su entorno escolar y comunitario. Esas puertas abiertas, sin embargo, generan rutas de riesgo cuando existen redes delictuales en el territorio, una realidad que, según Castillo, supera las capacidades de un servicio dedicado a la protección y restitución de derechos.

Organizaciones sociales y expertos en infancia han planteado ante medios y tribunales la necesidad de reforzar coordinación entre servicios sociales, salud, Carabineros y el Ministerio Público para dar respuesta a la violencia ligada al crimen organizado. Desde Mejor Niñez, señalaron que la revisión de protocolos y la colaboración interinstitucional serán parte de los pasos siguientes, mientras la Fiscalía continúa la indagatoria.

A la fecha, no se han informado detenciones públicas vinculadas al hallazgo ni decisiones administrativas concretas sobre cambios de procedimiento por parte del servicio; la causa permanece bajo investigación judicial y el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia permanece bajo escrutinio público por las responsabilidades de acompañamiento y protección de sus jóvenes usuarios.