En un momento de debate por el déficit fiscal, volvió a ponerse en la mira la remuneración del presidente Gabriel Boric. El asunto reavivó críticas sobre privilegios en la administración pública y la transparencia en gastos del Estado.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, defendió el bono que el presidente recibió a través del Programa de Mejoramiento de la Gestión, PMG. El PMG, que es un sistema estatal de incentivos por desempeño institucional, aplica a todos los servidores públicos. Según la información difundida, la suma vinculada al beneficio llevó la cifra de 7 millones a 10 millones de pesos chilenos y se entregó de forma trimestral en marzo, junio, septiembre y diciembre de 2025.

Reacciones: Distintos parlamentarios calificaron la situación como "escandalosa", "indignante" e "inapropiada", en medio de la discusión sobre ajustes fiscales. La ministra respondió entre risas que ella espera haberlo recibido, y sostuvo que estos bonos "están establecidos en el Estado de Chile, no dependen del gobierno" y que son un sistema que funciona desde hace décadas.

Consecuencias: La controversia tensiona la percepción pública sobre la gestión del gasto en momentos de ajuste. Para el Ejecutivo esto puede traducirse en pérdida de capital político y mayores exigencias de transparencia. Para la oposición es una oportunidad para cuestionar prioridades fiscales. Para los funcionarios públicos, el sistema PMG representa un incentivo laboral que, en la práctica, beneficia a todos los niveles de la administración.

Históricamente, los incentivos por desempeño en el sector público han existido en Chile, pero suelen generar polémica cuando coinciden con periodos de estrechez fiscal. Quien gana con el esquema son los beneficiarios directos, incluidos altos cargos; quien pierde es la legitimidad fiscal del gobierno ante la ciudadanía, que enfrenta demandas por mejores servicios y control del gasto. En ese contexto, y como informó este medio, el candidato José Antonio Kast reunió a futuros ministros para diseñar una reprogramación fiscal, lo que muestra que la discusión presupuestaria seguirá en la agenda pública.

Lo que viene: El gobierno tendrá que explicar con mayor detalle los criterios, montos y periodicidad del PMG si quiere mitigar el costo político. La discusión probablemente derive en solicitudes de informes en el Congreso y en un aumento de la demanda ciudadana por transparencia en las remuneraciones públicas.