Según BioBioChile, el proyecto de Presupuesto 2027 que presentó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cambia reglas que afectan a regiones, funcionarios y municipios. Lo más llamativo: los gobiernos regionales recibirían menos dinero por la venta de inmuebles fiscales y los cupos para pasar de honorarios a contrata caerían de 6.500 a 1.500.
Los cambios no tienen que ver con cuánto dinero recibe cada ministerio. Están en los 51 artículos del proyecto, la parte que fija las reglas del juego para gastar ese dinero.
Hoy, cuando el Estado vende un inmueble fiscal, el 65% de lo recaudado va al gobierno regional, un 10% al Ministerio de Bienes Nacionales y un 25% al Fisco. El artículo 13 propone que desde 2027 la región reciba solo el 35% y que el Fisco se quede con el 65% restante. Bienes Nacionales ya no recibiría su parte.
En la práctica, las regiones perderían 30 puntos porcentuales de esa torta. El golpe dependerá de cuántas ventas haya en cada zona. Según el medio, podría notarse más en lugares como Antofagasta, donde estas operaciones pesan más.
El ajuste también llega al empleo público. Pasar de honorarios a contrata significa salir de una boleta mes a mes y entrar a un cargo con más protección laboral. En 2026 hubo 6.500 cupos para esa regularización. En 2027 habría 5 mil menos, una caída cercana al 77%. Además, se mantiene la regla de reponer solo un cupo por cada tres funcionarios que se retiran.
En educación, el artículo 40 suspende durante 2027 el traspaso de colegios a cinco Servicios Locales de Educación Pública (SLEP, las entidades que reemplazan a los municipios en la administración de escuelas públicas): Litoral, Los Cerezos, Los Copihues, Chacabuco y Los Viñedos. Esos establecimientos seguirán un año más con sus actuales administradores.
El caso de Litoral muestra el efecto. El servicio tendrá $2.643 millones para su instalación, pero no recibirá colegios en 2027. Esto se cruza con un proyecto de ley que busca postergar hasta 2030 la puesta en marcha de 12 SLEP. Esa iniciativa llegó a la Sala del Senado con informe negativo de la Comisión de Hacienda.
En deuda, el techo principal sube de US$17.400 millones en 2026 a US$25.000 millones en 2027, cerca de un 44% más. En ambos años existe una autorización adicional de US$600 millones. Es un límite máximo, como el cupo de una tarjeta de crédito: no implica que se vaya a usar completo.
El alza contrasta con la meta fiscal del Gobierno. El mensaje presidencial apunta a un déficit estructural de 1,8% del PIB (Producto Interno Bruto) en 2027, frente al 2,8% fijado para este año.
Los municipios también enfrentan reglas más duras con la Subvención Escolar Preferencial (SEP), los recursos extra para alumnos vulnerables. Quienes tengan saldos de convenios vencidos desde enero de 2026 deberán presentar un plan para gastarlos. Si no cumplen, deberán devolver la plata, que se podrá descontar del Fondo Común Municipal o del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP).
Por último, los artículos 48 al 50 buscan acelerar la inversión pública. Habrá evaluación simplificada para obras rurales en localidades de menos de 5 mil habitantes y montos bajo 30 mil UTM (Unidad Tributaria Mensual). Proyectos de hasta 30 mil UTM por trato directo y hasta 75 mil UTM por licitación podrán partir desde su adjudicación, sin esperar a Contraloría.
El plazo concreto más cercano para los municipios es el 30 de abril de 2027, fecha límite para presentar sus planes de ejecución de fondos SEP pendientes.
