El cierre fiscal 2025 registró un deterioro que encendió alarmas entre economistas y futuras autoridades. Alejandro Weber, exsubsecretario de Hacienda del segundo gobierno de Sebastián Piñera, afirmó en una columna en La Tercera este fin de semana que el Ejecutivo sobrestimó sistemáticamente los ingresos y dejó compromisos de gasto con lo que él llamó "ingresos de mentira".

El diagnóstico técnico es claro. El Gobierno reportó un déficit estructural proyectado de 3,6% del PIB para 2025, muy por encima de la meta comprometida. La deuda neta subió en US$21.000 millones, hasta llegar al 37% del PIB. Además, el Ejecutivo utilizó recursos del Fondo de Estabilización Económica y Social, FEES, para financiar gasto corriente, hubo un aumento marcado de la deuda flotante y la descapitalización de Corfo para enfrentar problemas de caja.

Weber recuerda que, incluso después del retiro de los estímulos transitorios por la pandemia, el gasto permanente en 2023 creció un 10%, lo que equivale en términos de la época a cerca de US$8.000 millones. Por ello plantea que la administración entrante de José Antonio Kast, presidente electo, tendrá que aplicar un ajuste fiscal que podría alcanzar ese monto durante el cuatrienio.

Como hoja de ruta propone iniciar con una auditoría exhaustiva de las cuentas públicas y fijar metas claras hacia 2029, con el objetivo de acercar el déficit estructural a -1% del PIB, un objetivo que él califica de "avance titánico". Entre las medidas concretas sugiere eliminar programas mal evaluados, focalizar la gratuidad en la educación superior, controlar estrictamente el gasto en personal que equivale al 20% del presupuesto y mejorar la eficiencia en compras públicas. También aboga por dinamizar ingresos mediante mayor crecimiento, reduciendo el impuesto corporativo al 23% y quitando trabas burocráticas a la inversión, incluida la llamada "permisología ideológica" en capas medias del Estado.

El escenario político y social es conflictivo. Para el próximo gobierno significa una disyuntiva: recortar gasto, aumentar ingresos o combinar ambas opciones. Quien gane con una reducción del impuesto corporativo y menos regulaciones será el sector privado y posibles inversionistas. Quien pierda serán beneficiarios de programas públicos mal evaluados, trabajadores del sector público si se recorta personal, y potencialmente estudiantes si se restringe la gratuidad.

Para la ciudadanía el impacto será directo. Un ajuste de hasta US$8.000 millones puede traducirse en menos servicios o en una recalibración de beneficios sociales. Al mismo tiempo, sin corrección fiscal crecen los riesgos de presiones sobre la deuda y menor espacio para políticas contracíclicas ante una recesión.

En ese contexto, el futuro ministro de Hacienda Jorge Quiroz ya se reunió con el Consejo Fiscal Autónomo, el organismo fiscal independiente que supervisa la sostenibilidad de las cuentas públicas. La tensión entre la urgencia técnica de corregir las cifras y la viabilidad política de las medidas marcará el primer año del mandato de Kast. Lograr las metas que propone Weber exigirá decisiones difíciles y un coste político tangible, además de medidas que impulsen el crecimiento para acompañar los recortes de gasto.