La senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista (PS), tildó de incomprensibles los dichos de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien afirmó que no esperaba la exigencia de un plan de seguridad estructurado, según entrevista en Radio Agricultura. Estas palabras son graves, señaló la parlamentaria, recordando que la ley manda a cada cartera a presentar un plan claro para enfrentar el terrorismo y el crimen. Vodanovic añadió que el Ejecutivo debe presentar directrices y planes al Congreso para transparencia y control político.
La timonel del PS señaló que el ministro o ministra responsable debe estar rodeado de asesores que entiendan la importancia de un enfoque operativo y de persecución penal. Necesitamos un plan de ataque, de persecución criminal, de anticipación a los fenómenos criminales, enfatizó, e instó a pasar de la retórica a las acciones concretas. Además, subrayó que el Gobierno no puede depender de metáforas cuando la ciudadanía exige resultados visibles, como más cárceles y medidas para reducir el hacinamiento.
En ese marco, Vodanovic situó la Cuenta Pública de Kast como un punto de inflexión en la arena política chilena. Recordó que la oposición ha buscado presentar propuestas y que, frente a críticas de la derecha, la administración actual debe demostrar capacidad de implementación. Kast, líder del bloque de derecha y ex candidato presidencial, ha enfrentado un escrutinio público por su discurso sobre seguridad y política criminal. Para la senadora, la pregunta central es quién gana y quién pierde con estas posiciones y qué impacto tiene en la vida cotidiana de las personas.
La molestia de Vodanovic no queda aislada. En el análisis histórico de seguridad en Chile, las gestiones anteriores han buscado equilibrar aumento de recursos y fortalecimiento de instituciones como la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y el sistema judicial. En ese contexto, la crítica apunta a que el Gobierno debe presentar un plan específico, con prioridades y plazos, para no quedar atrapado en promesas sin implementación. El debate, además, revela una lucha por la dirección de la política de seguridad y por la confianza ciudadana en las instituciones, especialmente frente a las señales de diálogo entre Ejecutivo y Legislativo. Pero la discusión tiene también un componente institucional: qué mensajes envía el oficialismo cuando la oposición exige claridad y resultados concretos para la ciudadanía.
