Chile lleva décadas con la planificación de obras dispersa entre ministerios. Esa fragmentación suele traducirse en retrasos y decisiones parciales, especialmente para proyectos regionales.
La propuesta llega desde el Consejo de Políticas de Infraestructura, cuyo director ejecutivo, Carlos Cruz, plantea crear un comité interministerial que asesore al Presidente en el diseño de la “Política de Infraestructura” y coordine a todos los ministerios vinculados. El Consejo exige además que la secretaría ejecutiva sea independiente y no quede en la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, MOP.
El objetivo declarado es convertir la infraestructura en una palanca de desarrollo integral. Para lograrlo, el Consejo subraya la necesidad de integrar al sector privado, y de que Ejecutivo y Congreso trabajen conjuntamente para darle continuidad institucional y recursos.
Quién gana y quién pierde. Ganan regiones y privados si la coordinación acelera carreteras, puertos, agua y energía, y reduce trámites. Pierde el modelo de gestión centrado exclusivamente en el MOP si la secretaría sale de esa estructura. También hay riesgo político: sin respaldo legislativo, la nueva instancia puede quedar con poca autoridad.
Implicancias presupuestarias y legales. El éxito exige asignación clara de recursos y un marco normativo que fije funciones y responsabilidades. En ese contexto, será clave definir si la secretaría depende del Ejecutivo, si requiere ley y cómo se vincula con los instrumentos de inversión pública y concesiones.
Una secretaría independiente podría dar visión estratégica a largo plazo y mayor transparencia en la priorización de obras. Sin embargo, sólo funcionará si incorpora representación regional, mecanismos de participación ciudadana y criterios técnicos claros. La convergencia público-privada es necesaria, pero debe supervisarse para evitar captura de prioridades por intereses particulares.
Próximos pasos. El Consejo propone diálogo con el Ejecutivo y el Congreso. Corresponde que el Gobierno aclare la estructura, el financiamiento y el vínculo con los ministerios sectoriales, como Transporte, Energía y Vivienda. Para la ciudadanía, la pregunta es concreta: esta nueva institucionalidad acelerará proyectos que mejoren acceso, conectividad y servicios en regiones, o será otro organismo más en la administración pública?
