La minera Collahuasi arrancó 2026 con sus mejores números en años. La operación de la región de Tarapacá, controlada en partes iguales por las multinacionales Anglo American y Glencore, registró utilidades por US$299 millones en el primer trimestre, lo que equivale a un alza de 193% respecto al mismo período de 2025, según informó Diario Financiero.

El salto en las ganancias se explica principalmente por un aumento en el procesamiento de la planta concentradora, que permitió elevar la extracción de cobre fino a 88.265 toneladas entre enero y marzo, un 10% más que en el mismo trimestre del año pasado. Los ingresos por venta de concentrado, incluyendo subproductos, llegaron a US$1.037 millones, con un EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de US$688,2 millones.

Para el Estado, la bonanza también tuvo su correlato. La empresa aportó US$179 millones en impuestos: US$116 millones por impuesto a la renta y US$63,4 millones por el royalty minero, calculado sobre la renta operacional. A esto se sumaron US$11 millones adicionales por el componente ad valorem, un tributo que grava las ventas. Los pagos al fisco fueron 243% más altos que en el primer trimestre de 2025.

El resultado contrasta con la tendencia general del sector. En los primeros cuatro meses del año, la producción cuprífera nacional cayó 8% respecto a igual período de 2025, arrastrada por bajas en Escondida, Los Pelambres y El Teniente. Collahuasi nadó contra la corriente. La minera también informó que acumula 18 meses sin accidentes con tiempo perdido.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para la compañía. En mayo, el Segundo Tribunal Ambiental acogió una reclamación contra el permiso ambiental del proyecto "Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi", una expansión que demanda una inversión de US$3.200 millones. La sentencia ordena revisar aspectos relacionados con la captación de agua de mar y la descarga de salmuera de la planta desaladora. Las obras de esa instalación, que alcanzaban un avance superior al 98%, están completamente paralizadas.

El Tribunal y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) aclararon que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), el permiso oficial que habilita el proyecto, sigue vigente para las actividades no cuestionadas, como los sectores Cordillera, Ductos y Puerto Collahuasi. El plazo para retomar las obras detenidas dependerá de un nuevo proceso de evaluación ambiental, cuyo cronograma aún no está definido.