La secretaria general del Partido Republicano de Chile, Ruth Hurtado, encabezó la semana pasada una delegación que visitó China tras recibir una invitación de una universidad china no identificada, con paradas en Shenzhen, Taizhou y Beijing, a pocos días del traspaso de mando presidencial.

Según la agenda conocida, la comitiva —compuesta mayoritariamente por parlamentarias, alcaldesas y dirigentas del partido, además de un académico— sostuvo encuentros académicos y reuniones con empresas públicas y privadas chinas vinculadas a tecnología, infraestructura digital y comercio exterior. En terreno se abordaron temas como inteligencia artificial, innovación y modelos de gestión pública digital.

La visita ocurre en un contexto diplomático tenso para Chile. Estados Unidos anunció sanciones contra tres funcionarios del gobierno de Gabriel Boric, a quienes acusó de participar en negociaciones con China en ámbitos sensibles para la seguridad hemisférica. Al mismo tiempo, en el debate público chileno sigue la controversia por el proyecto del cable submarino que conectaría Sudamérica con Asia a través de operadores chinos, iniciativa que ha despertado reparos por riesgos de dependencia tecnológica y seguridad.

Desde el entorno del Partido Republicano —la colectividad de derecha de José Antonio Kast, presidente electo de Chile— han defendido la necesidad de mantener relaciones comerciales con China sin que ello signifique perder la prioridad estratégica de la relación con Estados Unidos. Críticos y sectores de la opinión pública, en cambio, cuestionan el momento del viaje y la falta de coordinación con el gobierno en funciones.

Geopolíticamente, el episodio ilustra la tensión entre la búsqueda de autonomía estratégica y las presiones de una nueva etapa de multipolaridad, donde Estados Unidos y China compiten por influencia sobre infraestructura clave y cadenas tecnológicas. Para el próximo gobierno de José Antonio Kast, esto plantea un dilema práctico: cómo conciliar la atracción de inversión y tecnología china con las advertencias de Washington y las exigencias de seguridad nacional.

En términos concretos para Chile, la visita puede acelerar acuerdos comerciales o de cooperación tecnológica, pero también intensificar la supervisión legislativa y diplomática sobre iniciativas como el cable submarino. El gabinete entrante deberá definir rápidamente una política exterior coherente y transparente que explique a la ciudadanía los criterios de evaluación de inversiones extranjeras en sectores estratégicos y las salvaguardas para la seguridad digital.

La agenda que seguirán los actores políticos en las próximas semanas, incluida la respuesta desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y eventuales interrogantes en el Congreso, será clave para determinar si el viaje se interpreta como una normalización de vínculos económicos o como una señal de alineamiento internacional con implicancias estratégicas mayores.