La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, vigente desde el 29 de septiembre, buscó modernizar la entrega de permisos en Chile y modificó más de 40 cuerpos legales. Su objetivo declarado es reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación, y hasta 50% en proyectos calificados como estratégicos.

El Ministerio de Economía abrió una consulta pública sobre el Reglamento de Tramitación Ágil de Iniciativas de Inversión Estratégica, que estará abierta hasta el 27 de febrero de 2026. El reglamento fija el procedimiento de postulación, los requisitos y los antecedentes necesarios, los factores objetivos y plazos de evaluación, y las condiciones para que una iniciativa sea calificada como estratégica. También operacionaliza el régimen de tramitación ágil que permite acortar plazos.

El biministro Álvaro García, responsable de Economía, Fomento, Turismo y Energía, dijo que la consulta busca contar con un reglamento que acelere trámites, mejore la coordinación estatal y mantenga los estándares técnicos y ambientales. Invitó a todos los actores a participar.

Consecuencias Para empresas y inversionistas, la norma promete mayor certeza regulatoria y menores costos por demora, lo que puede acelerar inversiones regionales y generación de empleo. Para proyectos estratégicos, la reducción de plazos anunciada implica mayor rapidez en adjudicaciones y ejecución.

Para municipios y autoridades locales, el cambio exige adaptar capacidades administrativas. La tramitación paralela y la ventanilla única digital, esto es, una plataforma centralizada para gestionar permisos, obligan a coordinación técnica que hoy no siempre existe en regiones.

Para las comunidades, la agilidad puede traducirse en menos tiempo de discusión pública y en decisiones más rápidas. Esto aumenta la importancia de que el reglamento mantenga garantías ambientales y mecanismos de participación ciudadana.

Históricamente, los permisos sectoriales se tramitaban de forma secuencial y con plazos extensos. El nuevo reglamento intenta romper esa lógica con tramitación paralela, técnicas habilitantes alternativas y una institucionalidad técnica especializada. Los ganadores potenciales son los inversionistas y regiones que buscan proyectos productivos; los que pueden perder son actores locales sin capacidad técnica para responder al ritmo, y las comunidades si los estándares de evaluación no se sostienen con recursos y transparencia.

Quedan puntos por resolver. El texto de la consulta define criterios y plazos, pero no detalla completamente cómo se financiará o desplegará la institucionalidad técnica en regiones, ni el calendario preciso para la entrada en vigor del reglamento final. La participación ciudadana en esta consulta será decisiva para ajustar esos vacíos.

Qué sigue La consulta vence el 27 de febrero de 2026. Luego el ministerio debería recibir observaciones, proponer ajustes y publicar la versión final del reglamento, aunque el calendario para esos pasos no está explícito en la convocatoria.

Actores clave Ministerio de Economía, Fomento, Turismo y Energía, promotor del reglamento. Empresas y cámaras sectoriales, interesadas en reducción de plazos. Municipios, responsables de permisos locales y ejecución administrativa. Comunidades y organizaciones ambientales, vigilantes de estándares técnicos y participación.

En ese contexto, la consulta pública será la primera prueba concreta para medir si la Ley Marco puede transformar la tramitación de permisos sin debilitar controles técnicos y ambientales que afectan a la ciudadanía.