El Primer Comando de la Capital (PCC), organización criminal surgida en los años noventa en las cárceles de Sao Paulo, en Brasil, ofrecía asesoría jurídica particular a internos de penales chilenos como vía de reclutamiento. Así lo muestra la documentación incautada en los operativos de la Fiscalía Metropolitana Sur contra una "columna" del grupo en el país.
Según informó T13, el beneficio apuntaba a miembros que no podían costear un abogado y también a reos cercanos a la "ideología" de la banda, potenciales nuevos integrantes. Los mensajes no identifican a los profesionales. En Chile, todos los presos tienen acceso gratuito a defensores de la Defensoría Penal Pública.
El 23 de octubre de 2025, un integrante apodado 'Alejandro Matador País' escribió en un grupo de WhatsApp de la organización que la "jerarquía de arriba" había ordenado una encuesta. El objetivo era saber quién necesitaba abogado y quién contaba con uno particular. Aclaró que la consulta incluía a los "compañeros", es decir, presos todavía no incorporados formalmente.
La encuesta tenía dos preguntas. La primera consultaba si algún compañero carecía de abogado y lo requería. La segunda preguntaba por reclusos en la misma celda o módulo en esa situación.
Los chats revelan además gestiones para conseguir celulares a los miembros encarcelados y para contactar a internos incomunicados interesados en sumarse. Otro mensaje buscaba acercar a menores de 18 años en libertad para que, con el tiempo, se convirtieran en "hermanos".
La captación formaba parte de la disputa del PCC con el Tren de Aragua, banda nacida en la década de 2000 en la cárcel venezolana de Tocorón, por el control entre la población penal chilena. En sus registros, escritos en portugués, el grupo brasileño calificaba a la organización venezolana como "enemiga".
Para controlar a su gente tras las rejas, el PCC llevaba un "tabuleiro" de alteración diaria, una especie de catastro. El fiscal metropolitano sur Héctor Barros lo incluyó en su solicitud de órdenes de detención con fecha 24 de noviembre de 2025. Allí se consignaban miembros por recinto, teléfonos pagados con fondos de la banda, presencia de otras facciones y negocios ilícitos en curso.
Ese registro situaba a integrantes en distintos penales. Colina II concentraba seis, mientras Colina I, la ex Penitenciaría y Puente Alto sumaban tres cada uno. Rancagua anotaba cuatro, y Valdivia y el Centro de Educación y Trabajo (CET) Metropolitano, uno por recinto, entre otros. También precisaba los pabellones.
El mismo documento ubicaba al Tren de Aragua en Rancagua y Colina II, con dos miembros identificados en este último penal. Barros sostuvo que los primeros vínculos del PCC con Chile datan de 2019. Su interés en el país responde al envío de cocaína a Europa, aprovechando los puertos chilenos.
El viernes siguió en el Centro de Justicia de Santiago la audiencia contra 21 personas ligadas al PCC: 20 imputadas por asociación criminal y una por tráfico de drogas. Hasta ese día seguía prófugo Francisco Rivera Galaz, alias Sagitario, sospechoso del homicidio del cabo segundo de Carabineros Alejandro Ortiz Vásquez, ocurrido en agosto en Renca.
