El Centro de Justicia de Santiago inició este jueves la audiencia de formalización de 21 presuntos integrantes de una "columna" del Primer Comando de la Capital (PCC), una de las mayores organizaciones de crimen organizado de Brasil. Según informó T13, la Fiscalía los investiga por tráfico de drogas y asociación criminal.
La audiencia se realizó después de las detenciones que la Policía de Investigaciones (PDI) concretó el lunes. El fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, había pedido órdenes de captura contra 24 personas. El 15° Juzgado de Garantía de Santiago aprobó la solicitud.
De acuerdo con la investigación, la organización se dedicaba al envío de cocaína por mar a Europa. Sus contactos con Chile se remontan al menos a 2021.
Uno de los nombres de la lista es el de Francisco Javier Rivera Galaz, alias "Sagitario". Sigue prófugo por el asesinato del cabo segundo de Carabineros Alejandro Ortiz, ocurrido en agosto en Renca. Según ADN Radio, la Fiscalía también indaga los posibles nexos del PCC con ese crimen.
La solicitud de la Fiscalía describe cómo funcionaba el reclutamiento en el país. A diferencia de otras bandas, el PCC no exigía pruebas de fidelidad. El documento señala que "sólo se confía en la palabra de los 'hermanos'". Un miembro debía actuar como referencia del postulante y otros dos tenían que apadrinarlo, aunque no lo conocieran de antes.
Luego, el candidato respondía un cuestionario antes de ser "bautizado". Entre las preguntas figuraban "¿Alguna vez has matado por dinero?" y si alguna vez había delatado a alguien en beneficio propio. También le consultaban si consumía pasta base, Oxi o crack, si tenía familiares involucrados en el crimen y si había trabajado como guardia de seguridad.
El formulario preguntaba si la pareja del postulante trabajaba, con una advertencia: no se permitirían nuevos miembros que trabajaran "100% legalmente". Además, consultaba si el candidato había tenido una relación con alguien del mismo sexo y si había leído el estatuto de la organización.
Quienes eran aceptados quedaban inscritos en el "libro blanco" de miembros. En el "libro negro" figuraban los expulsados. El estatuto y el registro de faltas y sanciones circulaban por WhatsApp, el principal canal de comunicación del grupo.
La Fiscalía sostiene que esas normas se cumplen con rigor en Brasil, pero no del todo en Chile, porque la organización todavía está en proceso de implantación en el país. Al principio solo aceptaba a personas condenadas dentro del sistema penitenciario. Según el documento, en 2025 cambió esa regla y empezó a admitir a personas sin condenas ni antecedentes penales.
El gobierno sigue el caso y presentó una querella a través del Ministerio de Seguridad. La formalización continúa en el Centro de Justicia de Santiago. Las fuentes aún no informan qué medidas cautelares se pedirán para los 21 imputados.
