De las 28 unidades termoeléctricas a carbón del país, 14 ya han cesado operaciones, y muchas se encuentran en etapas administrativas o físicas de cierre o reconversión, según informó la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). En ese contexto, la institución ha intensificado inspecciones y envíos de requerimientos de información a proyectos con y sin Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para comprobar el cumplimiento de las obligaciones ambientales asociadas a esos procesos.
El reforzamiento de la fiscalización se enmarca en el Plan de Descarbonización liderado por el Ministerio de Energía y en la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa 2025-2035, políticas estatales que buscan retirar progresivamente las unidades a carbón y avanzar hacia una matriz más limpia. La SMA explicó que su labor apunta a verificar que los instrumentos ambientales que regulan cada central se cumplan durante el cierre, la mitigación de impactos y cualquier reconversión tecnológica o de uso.
Según la Superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, "el proceso de descarbonización es un desafío país que requiere asegurar que el cierre o reconversión de las centrales termoeléctricas se realice cumpliendo plenamente con las obligaciones ambientales". Plumer añadió que la SMA está combinando fiscalizaciones en terreno con requerimientos documentales para conocer el estado actual de cumplimiento de cada titular.
Las actividades de la SMA incluyen solicitud de antecedentes a empresas titulares, inspecciones programadas y evaluaciones del cumplimiento de medidas de mitigación previstas en las RCA cuando existan. La fiscalización abarca tanto instalaciones que todavía mantienen instalaciones físicas en sitio como aquellas que han suspendido la operación, un periodo en que suelen activarse obligaciones específicas de cierre.
El refuerzo del control institucional llega mientras en regiones como Magallanes se prueban alternativas para reducir emisiones, por ejemplo un piloto con e-combustibles en Punta Arenas impulsado por la planta Haru Oni, que evidencia vías complementarias para la transición energética regional. Las autoridades del Ministerio de Energía y del Ministerio del Medio Ambiente, ambas coordinadas con la SMA, participan en este seguimiento interinstitucional.
La SMA afirmó que continuará con las acciones de seguimiento y la coordinación con los ministerios correspondientes para asegurar el cumplimiento normativo y un cierre o reconversión que minimice riesgos ambientales y sociales. La supervisión de estos procesos será clave para cumplir los compromisos climáticos del Estado y para definir los próximos pasos regulatorios y de fiscalización.
