A 16 días de que termine su cargo, la Corte Suprema acogió el recurso y permitió que la Fiscalía Metropolitana Oriente formalice al diputado Joaquín Lavín León, luego de alegatos en el Pleno pasadas las 14:00 horas de este lunes. El fallo quita la inmunidad que protegía al legislador y abre la vía para la investigación penal por presuntos delitos vinculados a su labor parlamentaria.

La Fiscalía Metropolitana Oriente pidió el desafuero el 27 de junio de 2025, y acusa al diputado de cuatro ilícitos: fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, y delito tributario. Eugenio Campos, jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, dijo que existen "antecedentes graves y serios" y señaló una presunta defraudación de las arcas fiscales por 104 millones de pesos mediante la presentación simulada de gastos operacionales en la rendición de asignaciones parlamentarias.

El defensor del diputado, el abogado Cristóbal Bonacic, cuestionó el proceso y pidió al Pleno ponderar "cómo el Ministerio Público incurre en inconsistencias, omite diligencias de investigaciones claves, simplemente para justificar una necesidad de desafuero, para la imposición de medidas cautelares". Bonacic alegó que no se ha explicado la urgencia ni la necesidad de privar de fuero a un parlamentario sobre la base de una investigación que, según su defensa, está incompleta.

La investigación vincula al exmilitante de la Unión Demócrata Independiente, Joaquín Lavín León, con la emisión de facturas falsas y gestiones supuestamente indebidas en la Municipalidad de Maipú. El Servicio de Impuestos Internos, el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Maipú se presentaron como querellantes en la causa. Tras tres postergaciones, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el desafuero el 16 de octubre del año pasado; la decisión de la Suprema ratifica esa resolución.

El efecto inmediato es procesal: al quedar sin fuero, el Ministerio Público puede formalizar la investigación y solicitar medidas cautelares ante un juez. En lo político, la decisión llega en la recta final del mandato del diputado, con impacto simbólico y práctico. Quien gana institucionalmente es la fiscalía, que obtiene herramientas procesales para avanzar. Quien pierde es la figura pública implicada y la credibilidad de la política, si se confirman irregularidades en el uso de dineros públicos.

Históricamente, el desafuero ha sido el mecanismo por el cual la justicia ha podido investigar a parlamentarios por presuntos delitos; su uso tiende a polarizar la discusión política y a reactivar exigencias de mayor transparencia en las asignaciones parlamentarias. Para el ciudadano común, la lectura es clara: hay una acusación de mal uso de recursos públicos que, de confirmarse, implica un costo para la confianza en las instituciones.

Ahora corresponde que la Fiscalía Metropolitana Oriente formalice al diputado ante un tribunal y que éste resuelva sobre eventuales medidas cautelares. El proceso seguirá su curso en los tribunales y marcará, en los próximos días, un punto de inflexión en la agenda política y judicial alrededor del uso de asignaciones parlamentarias.