Las universidades y sus comunidades bajo un Gobierno de ultraderecha “Las Universidades son el bastión del conocimiento y son agentes transformadores de la sociedad”, manifiestan en declaraciones las Rectorías de las principales Universidades del Estado, en donde de forma transversal los Planes de Desarrollo Institucionales de estas instituciones, establecen lineamientos institucionales justamente para cumplir con ese propósito. Sin embargo, el ataque que sufren estas Instituciones en un contexto de ataque al conocimiento, ataque a la ciencia, del cuestionamiento del pensamiento crítico, y por sobre todo, de ataque a la función pública y estatal, abren un camino sombrío respecto al destino de las Universidades bajo un (nuevo) gobierno de ultraderecha en Latinoamérica.
El ataque presupuestario a las Universidades Públicas de Argentina a través de las políticas del gobierno de Milei, acciones que estuvieron precedidas por ataques a carreras universitarias y cierre de instituciones en Universidades estaduales de Brasil por parte del ex presidente Bolsonaro, demuestran que la receta de la ultraderecha para las Universidades Públicas es transversal, hacerlas caer en el desfinanciamiento, focalizar fondos para “carreras rentables” e incluso el cierre de instituciones que no se “consideran estratégicas”. En este contexto, el temor respecto de lo que podría ocurrir en Chile resulta plenamente justificado.
En el caso chileno la Ley 21.094 de Universidades Estatales, que organiza el sistema de universidades, delimita las funciones y quehacer institucional de forma detallada y generalista. Sin embargo, tenemos realidades muy diversas en cuanto a realidad geográfica y territorial, como en niveles de complejidad institucional y administrativa.
Esto dificulta establecer condiciones de igualdad frente a la creciente competencia con instituciones privadas de educación superior. Lo que se proyecta para el período 2026-2030 es un escenario de importantes desequilibrios.
En cuanto a la Acreditación, algunas universidades públicas y privadas cuentan con la máxima acreditación otorgada por la CNA, otras presentan resultados dispares que no logran sostenerse de manera uniforme, situación que afecta particularmente a diversas universidades regionales. En el plano económico, hemos transitado desde discusiones estructurales sobre el modelo de financiamiento —impulsadas especialmente por las movilizaciones estudiantiles desde el 2011— hacia movilizaciones con demandas más específicas y localizadas.
