El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, informó que la Cancillería entregó hoy una nota de protesta al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, tras la decisión de Washington de cancelar las visas de tres funcionarios chilenos.

Los afectados son Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes; Claudio Araya San Martín, subsecretario de Telecomunicaciones; y Guillermo Petersen, jefe de gabinete del subsecretario. Muñoz confirmó públicamente que fue notificado sobre la medida.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la decisión se basa en que estos funcionarios habrían "a sabiendas, dirigido, autorizado, financiado, prestado un apoyo significativo y/o llevado a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional". El gobierno chileno rechazó esa imputación.

Van Klaveren calificó la acción como "absolutamente falsa" y afirmó que ninguna actuación del Estado de Chile o de funcionarios chilenos puede poner en riesgo la seguridad regional o la seguridad nacional de Estados Unidos. Señaló que se pidió oficialmente a Brandon Judd conocer la identidad de otros funcionarios supuestamente afectados, pero que el embajador respondió que, por razones legales, no podía entregar esa información y que las personas recibirían notificación directa.

El canciller también vinculó la medida a un proyecto para extender un cable submarino entre costas chilenas y Hong Kong, ante lo cual enfatizó que ese proyecto no ha sido aprobado y permanece en evaluación. Van Klaveren destacó que el único proyecto aprobado recientemente involucra a una empresa estadounidense, Google, y a la entidad estatal mencionada por la Cancillería como Desarrollo País, programa que, según la cartera, sí está en ejecución.

Estados Unidos ha utilizado restricciones de visado como herramienta diplomática en la región en diversas ocasiones, sobre todo cuando invoca riesgos de seguridad o prácticas contrarias a su política exterior. En este caso, la medida abre un nuevo foco de tensión bilateral que puede afectar la cooperación en áreas tecnológicas y de infraestructura.

Quién gana y quién pierde es claro en términos políticos: Washington refuerza su postura frente a influencias tecnológicas percibidas como riesgosas, mientras que el gobierno chileno y los funcionarios sancionados pierden legitimidad y espacio de maniobra internacional. Para el ciudadano común, el impacto se traducirá en mayor incertidumbre sobre proyectos de conectividad y posible ralentización de inversiones en telecomunicaciones, sobre todo si persiste la desconfianza entre ambas administraciones.

La nota de protesta marca el inicio de un diálogo formal tenso. Queda por ver si la administración estadounidense entrega documentación que sustente la medida, si Chile solicita aclaraciones adicionales o si la disputa se agrava con más acciones diplomáticas. En lo inmediato, la Cancillería esperará las notificaciones formales a las personas afectadas y evaluará las próximas respuestas oficiales.