La ley que regula la cooperación internacional permite aportes del Estado, pero la decisión de asignar recursos al exterior choca con necesidades domésticas no resueltas. A más de dos años de los incendios en la Región de Valparaíso, según la carta pública, la reconstrucción alcanza apenas cerca del 10% de las viviendas afectadas, y cientos de familias en Tomé y en la Región del Biobío siguen sin hogar.

Fondo en la mira

En una carta al director, Cristián Jara, abogado y ex director ejecutivo de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, pone en tela de juicio la razonabilidad política y social de destinar recursos del erario a la cooperación con Cuba. Jara recuerda que la ejecución de estos aportes se hacía junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y que en su gestión la asignación de fondos fue en más de una oportunidad suspendida por el Ministerio de Hacienda, cuando se priorizaron urgencias internas.

Jara señala además la letra de la Ley 20.138, que permite al Presidente aportar desde el Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza en representación del país. La tensión surge al preguntarse si esa potestad debe aplicarse cuando persisten carencias graves en territorio nacional, y al cuestionar el uso de recursos públicos en beneficio de un régimen autoritario, palabra empleada por el remitente en su carta.

Quién gana y quién pierde

Políticamente, la decisión abre una doble línea de conflicto. Por un lado, el gobierno puede argumentar que la cooperación internacional es un deber de Estado y que las donaciones responden a compromisos de política exterior. Por otro lado, la oposición y las comunidades afectadas obtienen un argumento concreto sobre prioridades presupuestarias y prioridades sociales.

Institucionalmente, Jara advierte que el tema deja de ser solo político y puede transformarse en un problema constitucional, al proponer que la Cámara de Diputados evalúe una acusación constitucional contra quienes tomaron la decisión. Eso podría encender una disputa sobre atribuciones presidenciales, la autonomía del Ministerio de Hacienda y la gestión de la Agencia Chilena de Cooperación.

Para el ciudadano común, la cuenta es clara: cuando el Estado destina recursos al exterior mientras hay hogares sin reconstruir, disminuye la percepción de prioridades claras y la confianza en las instituciones. Si el Ejecutivo opta por apoyar internacionalmente a gobiernos polémicos, el costo político se mide en hogares no reparados, en tiempos de espera y en legitimidad perdida.

La cuestión queda abierta. El Gobierno aún no ha entregado una explicación pública detallada sobre los criterios que siguió para aprobar esta asignación, y el Congreso deberá decidir si transforma la crítica en una investigación formal o deja la decisión en el terreno de la política y la diplomacia.