El ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, entregó un balance crítico de su gestión a días del traspaso de mando previsto para el 11 de marzo. En su evaluación, la cartera se adjudica avances en regularización de la propiedad mientras cuestiona la narrativa de “emergencia” que promueve la administración entrante.

Figueroa recordó que su gobierno asumió en 2022 con problemas económicos y sociales agudos, y afirmó que esa fue la verdadera emergencia que enfrentaron. “La emergencia me parece que la recibimos nosotros: inflación disparada, crisis de seguridad y un deterioro político brutal”, dijo el ministro, al diferenciar el escenario que recibieron del que, según él, intenta instalar el presidente electo José Antonio Kast.

El ministro acusó que la etiqueta de “gobierno de emergencia” propuesta por la administración de José Antonio Kast, presidente electo de Chile, responde más a una estrategia de campaña para capitalizar el miedo que a una base real para gobernar. A través de esa lectura, Figueroa defendió la continuidad de soluciones impulsadas por su cartera para enfrentar ocupaciones ilegales y la parálisis administrativa.

Como parte del balance, el titular destacó avances en políticas con perspectiva de género e interculturalidad para la regularización de la propiedad. Según Figueroa, esas políticas han permitido un aumento de jefas de hogar con títulos de dominio y facilitaron el acceso a la tierra para mujeres campesinas y comunidades indígenas. Históricamente, el acceso a la tierra y la titularidad en Chile ha favorecido a hombres y a áreas urbanas, por lo que estas medidas buscan corregir desigualdades estructurales.

El ministro también expresó preocupación por la posible remoción de equipos técnicos que hoy implementan esos programas. “Huelo una posible caza de brujas contra funcionarios”, advirtió, y sostuvo que despidos por motivaciones ideológicas podrían poner en riesgo proyectos que revitalizan zonas empobrecidas.

En otro episodio de su rendición de cuentas, Figueroa abordó la compra fallida de la casa del expresidente Salvador Allende, presidente de Chile entre 1970 y 1973, y calificó el proceso como una “desprolijidad brutal”. No obstante, separó la ejecución administrativa de la intención política, que defendió como legítima para la memoria democrática. El ministro afirmó que la comisión investigadora no encontró hallazgos de gravedad, y que la asunción de responsabilidades políticas permitió cerrar el asunto, según su versión.

Quien gana con esta narrativa son los beneficiarios de las políticas de regularización, sobre todo mujeres y comunidades indígenas, y los equipos técnicos que buscan continuidad. Quien pierde es la ciudadanía que podría ver interrumpidos programas de acceso a la tierra y a la vivienda si la nueva administración decide desmantelarlos. En transiciones previas en Chile, la discontinuidad administrativa ha afectado la implementación de políticas sociales, y ese antecedente alimenta la inquietud sobre el futuro inmediato.

El debate, en ese contexto, coloca al próximo gobierno frente a una decisión clara: mantener continuidad técnica y programas vigentes, o aplicar cambios rápidos bajo la lógica de emergencia que propuso el presidente electo. La discusión también tendrá un costo político para ambas partes, porque la acusación de montar una estrategia de miedo puede erosionar la confianza pública, mientras que decisiones abruptas pueden afectar a las comunidades más vulnerables.

La versión original de la intervención de Figueroa quedó inconclusa en la fuente consultada, por lo que su frase final no está disponible. El próximo paso efectivo será la definición de equipos y políticas durante la transición, que determinará si los proyectos de Bienes Nacionales sobreviven al cambio de administración y cómo impactarán en el acceso a la tierra de las familias más afectadas.