Hace una década, Chile vivió uno de los escándalos políticos más profundos de su historia reciente. Los casos Penta y SQM revelaron un sistema de financiamiento ilegal que cruzaba todo el espectro político: boletas falsas, estudios inexistentes y triangulación de recursos para financiar campañas de senadores, diputados y figuras de gobierno. Lo que prometía ser una investigación histórica terminó diluyéndose, según cuenta el abogado Cristian Vargas, quien estuvo en el centro de todo.

Vargas fue subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII) entre 2014 y 2015, el período más álgido de esas investigaciones. Lideró la presentación de querellas y el trabajo tributario que apuntaba a figuras de toda la clase política. Ahora publica Impunidad, editado por Aguilar, donde reconstruye desde adentro cómo el poder político y empresarial bloqueó esas pesquisas.

La tesis del libro es brutal: lo ocurrido con Penta y SQM no fue una falla del sistema, sino su funcionamiento. "La memoria social es frágil. Mucha gente quizás no se acuerde, pero hace diez u once años el SII fue intervenido y descabezado por el sistema político chileno para intentar frenar las investigaciones", recuerda Vargas.

El abogado describe una estrategia que operó sin órdenes escritas. "Yo presencié cómo desde el Ministerio del Interior se empujaba para que delitos que afectaban a gran parte de la clase política no llegaran a ningún lado. No fue una orden escrita, no fue una ley, fue presión", afirma. Cuando esa presión no resultó, vino la intervención directa al SII.

Vargas apunta al gobierno de Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, y específicamente al Ministerio del Interior, encabezado sucesivamente por Jorge Burgos y Mahmud Aleuy. La paradoja, subraya, es que ninguna de esas presiones habría ocurrido si los investigados fueran ciudadanos comunes: "Si fuera cualquier ciudadano de a pie que está siendo fiscalizado, no ocurre nada de eso. Ahí no hay presiones desde diputados, senadores".

Lo que describe Vargas es una "autoamnistía de facto" construida no por decreto, sino por presión e intervención selectiva. Impunidad llega a las librerías como un testimonio de primera mano sobre cómo se protege la elite política chilena cuando el sistema legal amenaza con alcanzarla.