El martes, en una reunión en el Pentágono, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dio a la empresa de inteligencia artificial Anthropic un plazo hasta el viernes para aceptar que sus modelos se usen en aplicaciones militares, y advirtió que, si no, tomaría medidas administrativas y legales contra la compañía, según informó la BBC.

La cita fue solicitada por Hegseth con Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, empresa con sede en San Francisco creadora del chatbot Claude. Anthropic dijo que mantuvo "conversaciones de buena fe" sobre su política de uso para seguir apoyando la misión de seguridad nacional, y fuentes consultadas por la BBC describieron el tono como cordial aunque Amodei expuso las llamadas líneas rojas de la empresa.

Entre esas líneas rojas Anthropic incluye la participación en operaciones cinéticas autónomas, es decir, sistemas en que herramientas de IA toman decisiones finales de apuntamiento sin intervención humana, y el uso de sus modelos para vigilancia masiva doméstica. Un funcionario del Pentágono, sin embargo, sostuvo que el conflicto actual no está relacionado con armas autónomas ni con vigilancia masiva.

El Pentágono advirtió que, de no haber conformidad, invocaría la Defense Production Act, conocida en español como la Ley de Producción de Defensa, una norma que permite al Ejecutivo de EE.UU. ordenar a empresas priorizar o dar acceso a bienes y servicios en interés de la seguridad nacional. El funcionario agregó que además se catalogaría a Anthropic como un "riesgo para la cadena de suministro".

Anthropic fue una de las cuatro empresas de IA que recibieron contratos del Departamento de Defensa el verano pasado, junto a Google, OpenAI —la firma detrás de ChatGPT— y xAI, la compañía de Elon Musk que desarrolla el chatbot Grok. Los contratos fueron de hasta 200 millones de dólares cada uno, según los anuncios oficiales.

Emil Michael, funcionario del Departamento de Defensa, ha dicho previamente que la intención del organismo es que OpenAI, Google, xAI y Anthropic permitan al Pentágono "usar cualquier modelo para todos los casos de uso legales". La tensión refleja el choque entre prioridades de seguridad nacional y los principios de gobernanza y seguridad que empresas como Anthropic han intentado promover.

Anthropic ha buscado diferenciarse de competidores presentándose como más orientada a la seguridad, publicando informes de seguridad y estableciendo límites de uso. El choque con el Pentágono plantea la pregunta de hasta qué punto las empresas privadas pueden fijar barreras éticas frente a demandas estatales en temas de defensa.

Para Chile y América Latina este conflicto importa por varias vías. Primero, porque muchos gobiernos y empresas regionales dependen de modelos y servicios de nubes de proveedores estadounidenses, y una orden que amplíe el uso militar o de seguridad nacional puede repercutir en disponibilidad, contratos y condiciones de uso. Segundo, abre un precedente sobre cómo se aplican leyes de emergencia industrial en el sector tecnológico, lo que afecta debates locales sobre soberanía digital, control de datos y compras públicas de tecnologías críticas. Por último, la disputa ilumina la tensión global entre la multipluralidad de normas éticas de las empresas tecnológicas y las exigencias de seguridad de los Estados.

Queda por ver si el plazo hasta el viernes desemboca en un acuerdo, en la invocación formal de la Ley de Producción de Defensa, o en una escalada administrativa que incluya la etiqueta de riesgo en la cadena de suministro. Las próximas 72 horas serán clave para conocer si priman las salvaguardas éticas de las empresas o las prioridades operativas del Departamento de Defensa de EE.UU.