El proyecto de ley que crea un Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades inició esta semana su tramitación en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. La iniciativa, anunciada por el Presidente José Antonio Kast en su Cuenta Pública del 1 de junio e ingresada al Congreso con suma urgencia hace una semana, apunta a consolidar información sobre condenas y sanciones por conductas que afectan el orden público y los espacios comunes.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, encabezó la presentación junto a Gonzalo Guerrero, subsecretario de Prevención del Delito. Pavez fue explícito en señalar que el objetivo del proyecto va más allá de lo técnico: se trata, dijo, de devolver lo que llamó la "cultura del orden" a Chile, un país que aprendió a tolerar conductas que antes habrían sido inaceptables.

Las escenas que evocó para ilustrar ese diagnóstico son reconocibles para cualquier santiaguino: personas que no pagan el Metro, estudiantes que paralizan colegios públicos con bombas molotov, manifestantes que incendian micros sin consecuencias. El propósito del Ejecutivo, más que construir un catastro de infractores, es mandar una señal. "La mano cambió y las incivilidades se tienen que acabar", enfatizó Pavez, militante de la UDI (Unión Demócrata Independiente).

Detrás de esa retórica hay un argumento social que el subsecretario puso al centro: las personas que más sufren la incivilidad no son quienes pueden costearse seguridad privada, sino los habitantes de sectores populares que soportan a diario el deterioro de sus calles, plazas, paraderos y casas. Las sanciones vigentes para estas conductas "no se aplican", argumentó Pavez, y ese vacío de ejecución efectiva es lo que el registro busca cerrar.

El proyecto recibió reparos constitucionales y legales desde la oposición. Pavez los descartó sin titubear: "todas las inquietudes o tienen explicación o tienen solución", afirmó. Entre los puntos más polémicos figura el registro de bingos ilegales, cuyo alcance prometió aclarar en una etapa posterior de la tramitación.

El Gobierno declaró disponibilidad para negociar los detalles del texto, incluyendo la delimitación de conductas sancionables y los criterios de proporcionalidad. Pero Pavez puso una condición: acuerdo previo en el principio. "Si hay algún elemento de proporcionalidad, conversémoslo", dijo, y advirtió que si la oposición no tiene voluntad de avanzar, "mejor digan, derechamente, que no quieren sancionar". La Comisión de Seguridad Ciudadana deberá pronunciarse dentro del plazo de suma urgencia fijado por el Ejecutivo.