La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, confirmó que el Ejecutivo decidió no avanzar en la firma del nuevo contrato de la Zona Franca de Iquique, luego de que la autoridad entrante solicitara revisar el trabajo realizado por el Ministerio. La medida paraliza un proceso que buscaba renovar anticipadamente el convenio vigente y modernizar el modelo de administración del sistema franco.

El contrato actual está en manos de Zofri S.A., la empresa que administra la Zona Franca de Iquique desde el acuerdo firmado en 1990 y vigente hasta 2030. El objetivo del gobierno era adelantar la renovación para dar mayor certeza a las inversiones y establecer nuevas exigencias a la concesionaria, incluyendo mayores inversiones, planes estratégicos y mecanismos de fiscalización similares a los que se aplican en concesiones de carreteras, hospitales o cárceles.

El proceso enfrentó críticas locales y sectoriales. Autoridades regionales y gremios denunciaron falta de transparencia, se objetó el actuar del directorio de Zofri y se presentaron al menos cinco denuncias ante la Contraloría General de la República. Entre marzo y mayo de 2025, el Ministerio de Hacienda impulsó los llamados "Diálogos Zona Franca", un proceso participativo liderado por el Laboratorio de Gobierno que reunió a más de 100 participantes de las regiones de Tarapacá y Arica y Parinacota para levantar propuestas para la nueva concesión.

Berner explicó que, pese a que Hacienda y la empresa habían acordado los términos del nuevo convenio, la decisión de no firmarlo obedeció a una solicitud expresa de la administración entrante. "Lo que nosotros hoy día decidimos no realizar es firmar ese contrato... lo cual fue solicitado expresamente por la autoridad entrante", dijo la subsecretaria.

La paralización abre varias consecuencias inmediatas. Para inversionistas y usuarios de la zona franca, la falta de firma genera incertidumbre sobre las reglas de juego y los plazos de inversión. Para actores locales, mantiene la tensión política y administrativa que motivó las denuncias. Para el propio Estado, deja pendiente la modernización del régimen antes de la expiración del contrato en 2030.

Históricamente, las renovaciones anticipadas de concesiones buscan evitar vacíos regulatorios y atraer inversiones, pero suelen chocar con demandas de mayor transparencia y control público. En ese contexto, la revisión solicitada por la administración entrante podría derivar en cambios de fondo al esquema propuesto o en nuevas acciones administrativas y legales, incluida la fiscalización de Contraloría. El plazo y el alcance de esa revisión no fueron detallados por la subsecretaria, por lo que la discusión continuará en la agenda fiscal y regional en las próximas semanas.