El presidente José Antonio Kast ingresó al Congreso el 18 de mayo de 2026 un proyecto que modifica el Código de Minería y dos leyes vigentes. El texto se presenta como una corrección técnica para reducir incertidumbre jurídica. Sin embargo, la propuesta toca una pregunta más profunda: quién tiene derecho a explotar el subsuelo de Chile y bajo qué condiciones.
El antecedente directo es la Ley N° 21.420, aprobada en 2022, que introdujo una patente progresiva para las concesiones de explotación sin actividad. La lógica era clara: quien tuviera pertenencias paradas debía pagar montos crecientes con el tiempo. El objetivo era incentivar el uso efectivo del recurso o su devolución al Estado. Era una señal de que una concesión minera no equivale a propiedad permanente sin costo.
El diagnóstico del gobierno es que ese mecanismo falló. Los datos son reales: entre 2023 y 2025, las concesiones en remate por no pago subieron 45% en explotación y 75% en exploración. La superficie subastada casi se duplicó. El argumento oficial señala que la minería opera en ciclos largos. Exigir actividad permanente, dice el gobierno, penaliza a empresas en etapas de evaluación ambiental o que esperan permisos.
El problema, sin embargo, está en el remedio. El proyecto eleva la patente base de explotación a cuatro décimos de UTM (Unidad Tributaria Mensual) por hectárea. Pero amplía tanto las causales de rebaja que la tarifa reducida, equivalente a un décimo de UTM, será la norma para casi todos. Basta con presentar cualquier formulario ante el Sernageomin, el Servicio Nacional de Geología y Minería, para acceder al descuento. Incluso una declaración jurada simple es suficiente.
En la práctica, solo pagará la patente alta quien no haya iniciado ningún papeleo. La progresión que buscaba presionar hacia el uso efectivo del territorio minero queda desactivada. El sistema pasa de "usa o paga más" a "declara algo y paga lo mínimo".
Para los críticos de la reforma, esto consolida el llamado modelo de amparo indirecto. Bajo ese esquema, el titular de una concesión la mantiene activa con gestiones mínimas, sin comprometerse con ningún proyecto real de extracción.
El debate de fondo no es solo técnico. Chile concentra en su subsuelo los mayores yacimientos de litio y cobre del mundo. La discusión sobre quién controla esas concesiones y a qué costo tiene consecuencias directas en los ingresos fiscales y la política industrial. El proyecto fue ingresado el 18 de mayo de 2026 y su tramitación en la Cámara de Diputados aún no tiene fecha de votación.
