Alimentos Marinos S.A., conocida como Alimar, anunció que prepara una acción judicial contra el Estado por los efectos de la nueva Ley de Fraccionamiento y la incertidumbre vinculada a la tramitación de una nueva Ley de Pesca, y advirtió que esa situación pone en riesgo la instalación de su planta de congelados en Lota, Región del Biobío. El subgerente general, Benjamín Izquierdo, dijo que la compañía está en la etapa de estudios económicos para materializar la demanda y cuantifica los perjuicios en torno a US$ 100 millones.

La pesquera, con más de 70 años de historia, reporta una producción promedio anual de 20 mil toneladas de harina y 7 mil toneladas de aceite de pescado, y plantea que los recientes cambios regulatorios afectan el corazón de su negocio. El proyecto para Lota, concebido como una planta orientada al consumo humano y con una inversión aproximada de US$ 18 millones, obtuvo recientemente la aprobación ambiental mediante una Resolución de Calificación Ambiental, RCA, emitida por el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA.

Benjamín Izquierdo, subgerente general de Alimentos Marinos S.A. y ejecutivo chileno, calificó las modificaciones en el fraccionamiento de cuotas como “expropiatorias” y afirmó que parte de la medida responde a motivaciones ideológicas y a un afán revanchista por casos de corrupción en la ley anterior. "Vemos que responde, en gran parte, a la ideología y en otra, creo que tenía como un afán revanchista producto de los casos de corrupción que existieron en la ley anterior", dijo el ejecutivo.

La empresa advierte que la eventual incorporación de licitaciones de cuotas en la nueva Ley de Pesca, en particular la propuesta que contempla un 50% de licitaciones, constituiría una amenaza directa al negocio y haría inviable la construcción de la nueva planta en Lota. Según Izquierdo, en ese escenario Alimar podría quedar operando solo su planta de harina y suspender la inversión proyectada para congelados.

En su denuncia la compañía remite además al precedente de la Ley de la Jibia, que tras entrar en vigencia obligó a realizar recortes de personal en el segmento de la pesca industrial, un antecedente que en la empresa temen repetir. La amenaza no es solo económica, también tiene peso local: la planta proyectada en Lota aparece después de 14 años de trámites y con la aprobación ambiental como aval técnico, y su suspensión afectaría expectativas de inversión y empleo en la comuna de la Región del Biobío.

Hasta ahora no consta una respuesta pública del Estado frente a la advertencia de Alimar. La compañía dijo que sigue con los estudios económicos y que la presentación formal de la demanda dependerá de esos análisis y del avance legislativo sobre la Ley de Pesca. En la coyuntura, el caso pone en tensión dos discusiones mayores: la redistribución de cuotas en la pesca industrial y la seguridad jurídica para inversiones industriales en zonas costeras, cuestiones que tendrán consecuencias sobre la estructura productiva y el empleo en comunidades como Lota.