El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitió este lunes el Informe Consolidado de Evaluación y recomendó la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Terminal Cerros de Valparaíso” TCVAL, una iniciativa que exige una inversión de US$900 millones y cuya obra podría quedar terminada hacia fines de 2029; la decisión final corresponde ahora a la dirección ejecutiva del SEA, liderada por Valentina Durán.

El proyecto, presentado originalmente en septiembre de 2014, suma 12 años de tramitación administrativa y judicial. En octubre de 2018 obtuvo una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), pero enfrentó recursos de comunidades vecinas, gremios portuarios y autoridades locales, como el exalcalde Jorge Sharp y el gobernador regional Rodrigo Mundaca, que congelaron parte de su avance.

El texto del SEA, recogido en el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), concluye que el proyecto cumple con la normativa ambiental identificada y que incorpora medidas de mitigación y compensación. En el propio ICE se afirma que "el proyecto cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable... y se hace cargo de los efectos, características y circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley N°19.300", en referencia a la ley sobre bases del medio ambiente.

La Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), estatal propietaria de los activos portuarios, deberá ahora impulsar la siguiente etapa: el proyecto contempla una licitación a privados para ejecutar la obra y ampliar la zona de operación de contenedores, con el objetivo de aumentar la capacidad de transferencia de carga en el terminal. En la práctica, esto es como agregar un nuevo carril a una autopista portuaria para que entren y salgan más camiones sin tanta congestión.

Para la logística nacional, una mayor capacidad en Valparaíso podría aliviar cuellos de botella en el sistema de exportación e importación, y cambiar la dinámica regional de distribución. Sin embargo, los beneficios concretos en costos de transporte o tiempos de despacho dependerán de la adjudicación del proyecto y de cómo se implemente la obra, factores que se definirán en la licitación.

La oposición ciudadana y de autoridades se ha centrado en potenciales impactos ambientales, sociales y sobre el borde costero; por eso el ICE subraya medidas de mitigación y compensación. Es importante recordar que cumplir la normativa no elimina la fiscalización: el seguimiento de las medidas ambientales será clave si el proyecto avanza.

El próximo paso formal es la resolución de la dirección ejecutiva del SEA, a cargo de Valentina Durán. Si se aprueba definitivamente, la EPV convocará la licitación y se abrirá la etapa de ejecución, cuya fecha objetivo sigue siendo fines de 2029, aunque litigios o ajustes técnicos podrían retrasarla. Para los habitantes de Valparaíso y los actores logísticos, el debate ahora entra en una fase decisiva entre expectativas de mayor capacidad y la vigilancia ciudadana sobre los impactos ambientales.