El presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP), Hernán Cortés, llamó este martes a las autoridades a priorizar el avance del proyecto que se discute en la Cámara de Diputados y advirtió que el sector artesano seguirá de cerca el proceso para evitar retrocesos en derechos recuperados.
Los dirigentes artesanales plantean que la iniciativa legislativa es una oportunidad para reemplazar la normativa vigente y corregir los efectos que, según ellos, produjo la llamada "ley Longueira". Cortés afirmó que el debate en la Comisión de Pesca de la Cámara debe traducirse en normas que entreguen mayor legitimidad al sistema pesquero y condiciones más justas para las comunidades costeras.
Desde CONDEPP, sigla del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero, solicitaron además que el Ejecutivo colabore para agilizar la tramitación. "Esperamos que las autoridades que asumen el destino de nuestro país no echen por la borda todos los avances", dijo Cortés, y advirtió que las organizaciones estarán atentas ante eventuales cambios que impliquen retrocesos.
La presión de los pescadores artesanales se produce en un escenario de fuertes tensiones entre el sector artesanal y la industria. Empresas como Alimentos Marinos S.A., conocida como Alimar, han advertido que la nueva regulación podría afectar inversiones, y preparan una demanda contra el Estado por cerca de US$ 100 millones por la viabilidad de una planta en Lota. Al mismo tiempo, gremios industriales y empresas como Blumar han pedido al próximo Gobierno una legislación que dé certezas para crecer sosteniblemente.
Además, actores del sector industrial han señalado pérdidas por restricciones a ciertas pesquerías; por ejemplo, en la región del Biobío se han registrado efectos importantes en la extracción de jibia desde 2019, una circunstancia que los industriales cuantifican en miles de millones de dólares en oportunidad perdida.
La discusión en el Congreso confronta así dos prioridades: las demandas de comunidades costeras por acceso y reparación de derechos, y las exigencias de la industria por previsibilidad y seguridad jurídica. El resultado legislativo influirá no solo en la distribución de cuotas y en la gobernanza pesquera, sino también en inversiones, empleos locales y la sustentabilidad de recursos marinos.
Los próximos pasos son la tramitación en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados y las eventuales indicaciones que presenten parlamentarios y el Ejecutivo. Para Chile, país con miles de familias que dependen de la pesca artesanal, el desenlace determinará quién tiene prioridad en el acceso a los recursos y cómo se equilibra la conservación con el desarrollo económico de las zonas costeras.
