Según BioBioChile, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos echó a andar un plan para sacar del congelador la reforma al Código Procesal Civil. El proyecto llegó al Congreso en 2012 y no se mueve en la Comisión de Constitución del Senado desde 2021.
Para destrabarlo, la cartera formó dos instancias: un comité consultivo y una comisión asesora. Ambas revisarán el texto original y redactarán nuevas indicaciones, es decir, propuestas de cambio al articulado.
La iniciativa ya superó su primer trámite en la Cámara de Diputados. El Senado también la aprobó en general. Lo que falta es la discusión en particular, artículo por artículo, y ahí quedó detenida.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo que la meta es que los tribunales respondan más rápido a lo que pide la ciudadanía. Para eso, el Gobierno sumará al debate a académicos de universidades públicas y privadas de distintas regiones.
Rabat fijó un plazo. El Ejecutivo espera entregar las indicaciones al Congreso entre enero y abril de 2027. "A nosotros nos gustaría poder estar efectuando esa presentación entre enero y abril del año 2027", dijo el ministro.
La coordinación del trabajo quedará en manos de Pilar Hasbún, jefa de la División Jurídica del ministerio.
En la Comisión de Constitución hay acuerdo sobre la necesidad de cambiar el sistema procesal civil. Sin embargo, sus integrantes advierten que la implementación tendrá costos altos. También exigen atacar el principal cuello de botella de la justicia civil: la acumulación de juicios de cobranza.
El presidente de la comisión, el senador por Antofagasta Pedro Araya, pidió al Ejecutivo priorizar plazos más cortos y menos carga para los tribunales. "La composición de los tribunales puede establecer tiempos más rápidos de tramitación en las causas civiles y hacernos cargo de lo que hoy día está atochando al sistema de justicia civil, que son las cobranzas", afirmó.
Para el ciudadano común, el impacto es directo. Un juicio civil abarca desde una deuda impaga hasta un conflicto por arriendo o un contrato incumplido. Hoy esos casos compiten por tiempo con miles de cobranzas.
Araya agregó que la propuesta debe recoger lo ya avanzado en ambas cámaras para llegar a un texto de consenso. Su expectativa es que la comisión despache rápido una vez que lleguen las indicaciones, para que el proyecto no vuelva a frenarse.
La fuente no detalla el costo estimado de la reforma ni quiénes integrarán las nuevas instancias. El proyecto suma 14 años en el Congreso, cinco de ellos sin avances. El próximo hito es el ingreso de las indicaciones en el primer cuatrimestre de 2027.
