Los diputados de la UDI Sergio Bobadilla, Omar Sabat y Daniel Lilayu pidieron este lunes al Presidente José Antonio Kast que incorpore la llamada "Agenda Mártires de Chile" en la Ley de Presupuestos 2027. Hicieron el llamado tras el asesinato del sargento segundo Jaime Urrea Burgos en Quilleco, en la Región del Biobío.
Según informó CNN Chile, la propuesta reúne 16 medidas sociales, laborales y económicas para las familias de funcionarios policiales que mueran en acto de servicio. Los parlamentarios la presentaron a mediados de año.
Urrea tenía 18 años de servicio y pertenecía a la 1ª Comisaría de Los Ángeles. Murió el lunes, luego de recibir un disparo de escopeta durante un procedimiento por violencia intrafamiliar al que acudió la noche del domingo.
Una semana antes había muerto el cabo segundo Cristopher Aguilera Fernández. Un extranjero le disparó en la cabeza durante un procedimiento en Lo Espejo. Tras ese crimen, la UDI ya había pedido incluir la agenda en el erario.
La medida central es una pensión vitalicia calculada según el grado que el funcionario habría alcanzado al final de su carrera, y no según el que tenía al morir. Con ese cambio, el monto subiría de forma significativa, según los diputados. La agenda también incluye financiar la educación escolar y superior de los hijos, asegurar vivienda a quienes no sean propietarios y entregar acompañamiento psicosocial y jurídico a las familias.
"Las familias de los mártires necesitan certezas que trasciendan a las administraciones de turno", señalaron los parlamentarios. Agregaron que "el costo fiscal que implica esta agenda es mínimo frente a todo lo que representa". Sin embargo, las fuentes no informan una estimación concreta de ese costo, ni la cantidad de familias que recibirían los beneficios.
La petición llega en pleno debate de un presupuesto marcado por el ajuste. De acuerdo con El Mostrador, el primer proyecto elaborado por el gobierno de Kast llegó al Congreso este lunes. Contempla un gasto neto de $105,8 billones y una meta de déficit estructural (la diferencia entre gastos e ingresos permanentes del Fisco) de 1,8% del PIB, frente al 2,8% de este año. El gasto crecerá 1,5% respecto de la ejecución proyectada para 2026.
El proyecto también pide autorización para endeudarse hasta US$25.000 millones en 2027. El techo supera los US$17.400 millones del presupuesto original de 2026, el último de Gabriel Boric. Este año, sin embargo, el actual gobierno obtuvo US$6.200 millones adicionales y elevó el límite vigente a US$23.600 millones. Frente a esa cifra, el alza es de US$1.400 millones.
Ese monto es un máximo y no obliga al Fisco a emitir toda esa deuda. El articulado agrega otra autorización por hasta US$600 millones. Además, reduce los traspasos de honorarios a contrata, permite reponer solo un funcionario por cada tres vacantes por retiro y restringe viajes oficiales.
En ese escenario, la UDI, partido de la coalición oficialista, presiona por un gasto nuevo sin cuantificar mientras Hacienda promete apretar el cinturón. El gobierno aún no responde públicamente a la solicitud.
La tramitación sigue este martes. Hacienda presentará el Informe de Finanzas Públicas ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, donde deberá detallar los supuestos fiscales del proyecto.
