El sábado, durante la Semana Puertovarina en Puerto Varas, el cantante chileno Américo pronunció una serie de comentarios que provocaron incomodidad y reclamos entre parte del público presente.
Según registros difundidos en redes sociales, el artista preguntó en el escenario "¿Por qué son así? ¿Por qué se empoderaron? ¿Qué les pasó? Te odio, Shakira", y luego pidió un grito de las mujeres en la audiencia. En ese contexto, lanzó una de las frases que más molestó: "Además de pegarles, no les toca", una alusión a la violencia física y sexual que varios asistentes consideraron inaceptable.
El show incluyó además una referencia a su quiebre con la actriz argentina Yamila Reyna, quien presentó una denuncia por presuntas agresiones. Américo dijo que se emocionó al interpretar "Traicionera" y ofreció disculpas por conmocionarse, pero no por las demás expresiones que generaron repudio.
Tomás Gárate, alcalde de Puerto Varas, respondió a las críticas en redes sociales tras el reclamo de una usuaria que cuestionó a la municipalidad por "darle tribuna" al artista después de la denuncia. El edil explicó que la organización solicitó formalmente que Américo no se presentara, pero que la licitación y el contrato de la Semana Puertovarina fueron firmados con anterioridad a la denuncia, por lo que, en sus palabras, no tenían herramientas legales para cancelar la presentación.
La polémica se suma a antecedentes recientes: Américo publicó un comunicado tras la denuncia de Yamila Reyna, y en otro festival el humorista Marcelo "Coronel" Valverde fue abucheado por un chiste referido al cantante. Esos episodios alimentan la discusión pública sobre la conducta de artistas y la respuesta de organizadores culturales.
Más allá del incidente puntual, el episodio plantea preguntas sobre protocolos y responsabilidades de municipios y organizadores de espectáculos ante denuncias por violencia intrafamiliar. Para Chile, donde el debate sobre violencia de género sigue siendo central, la situación vuelve a poner en primer plano si las herramientas legales y contractuales de las comunas son suficientes para proteger a víctimas y evitar que figuras públicas con denuncias en curso tengan escenarios de difusión.
Queda por ver si la denuncia de Yamila Reyna avanzará en la vía judicial y si la municipalidad de Puerto Varas y otros organizadores revisarán cláusulas contractuales o procedimientos para futuras licitaciones y ferias culturales.
