Este 8 de marzo de 2026, Día Internacional de la Mujer, cobra fuerza una pregunta concreta: si las multinacionales y los más ricos pagan menos impuestos, ¿quién termina cubriendo el costo social? La respuesta que surge en el debate público y en informes internacionales es clara, y tiene nombre propio: las mujeres, en particular en el Sur Global.
El sistema fiscal global funciona, en la práctica, a medida de quienes más tienen. El debilitamiento del multilateralismo, o sea la cooperación entre países para enfrentar problemas comunes, y los recortes a programas de desarrollo dejaron vacíos presupuestarios que se traducen en menos servicios públicos. Cuando el Estado reduce su gasto en guarderías, salud o pensiones, ese costo recae en las familias, y dentro de las familias suelen ser las mujeres las que asumen el cuidado.
Los números ayudan a entenderlo. Según informes recientes, las mujeres siguen ganando apenas el 61% de lo que reciben los hombres por cada hora trabajada. Si además se considera el trabajo no remunerado, es decir las tareas domésticas y de cuidado que no generan salario pero sostienen la sociedad, el ingreso efectivo de muchas mujeres cae hasta 32%. El trabajo no remunerado es ese que no aparece en la boleta pero permite que la economía funcione, como cuidar a un niño o pasar horas preparando alimentos.
¿Por qué ocurre esto? Parte de la respuesta está en la erosión de la base impositiva. Las prácticas de elusión y evasión fiscal, el traslado de beneficios a jurisdicciones de baja tributación y los flujos financieros ilícitos vacían recursos que podrían financiar servicios públicos. Es como si una gran parte de la recaudación se mudara a otra habitación de la casa para no pagar la cuenta común.
La propuesta es directa y práctica: gravar adecuadamente a las multinacionales y a los superricos, y combatir la evasión fiscal internacional y los flujos ilícitos, para recuperar recursos. Con más fondos, los Estados pueden financiar los sistemas de cuidados que permiten repartir las tareas, profesionalizar el trabajo de cuidado y sostener una protección social que no dependa del compromiso voluntario de las mujeres.
Esto tiene efectos concretos en Chile. Si el Estado pudiera aumentar la inversión en educación inicial, salud y redes de apoyo para el cuidado, muchas mujeres tendrían la posibilidad real de aumentar su participación laboral formal, mejorar sus ingresos y dejar de cargar con jornadas dobles que afectan su salud y su futuro económico. No es una abstracción: son políticas que cambian tiempos, salarios y trayectorias de vida.
Como dijo alguien en el debate público, "exigir justicia fiscal no es un asunto técnico: es reclamar el derecho de las mujeres a una vida digna, libre y plena". Traducido a política pública, eso implica cerrar lagunas legales, mejorar la cooperación internacional para evitar que las empresas escondan ganancias, y diseñar impuestos que no solo recauden, sino que sean progresivos y transparentes.
La perspectiva es clara: sin recursos no hay políticas sostenibles. En este 8M la demanda no es sólo simbólica. Es pedir que la discusión sobre igualdad incluya la caja fiscal. Si se quiere reducir la brecha de género de verdad, la agenda debe pasar por dónde se consiguen y cómo se usan los recursos públicos. De lo contrario, los derechos seguirán siendo promesas sujetas al presupuesto del día a día.
