Johannes Kaiser, excandidato presidencial y diputado del Partido Nacional Libertario, informó que presentará a fines de marzo una iniciativa bautizada "Ley Antiamarres" que, según su texto, permitirá al próximo Gobierno despedir funcionarios públicos sin expresión de causa durante los primeros seis meses de gestión o desde la aprobación de la ley. Kaiser deja de ser parlamentario este martes 10 de marzo.
El legislador explicó que la propuesta busca entregar herramientas para reorganizar el aparato estatal y reducir la dotación de personal en medio del "complejo escenario fiscal" que, a su juicio, enfrenta el país. "Vamos a presentar un proyecto de ley que esperamos que sea patrocinado por el próximo Gobierno, que le va a permitir despedir sin expresión de causa a personal del Estado durante los primeros seis meses de su gestión o durante los primeros seis meses a partir de la aprobación del proyecto", dijo Kaiser.
Kaiser argumenta que el crecimiento del empleo público en la última década tensionó el gasto: según su relato, el número de empleados públicos pasó de 500 mil a un millón y sus remuneraciones promedian entre un 30% y 40% más que cargos equivalentes en el sector privado. El diputado afirmó que existen duplicidades de cargos en varias reparticiones, y que recortar plantillas permitiría "traspasar esas platas de personal a servicios para las personas".
El proyecto, según el anuncio, ingresará al Congreso Nacional en la última semana de marzo y aún no ha sido discutido formalmente con otras fuerzas políticas. Kaiser sostuvo que hay una "conciencia transversal" sobre la necesidad de ordenar las finanzas públicas, pero no detalló apoyos concretos ni mecanismos de implementación.
El propio diseño del proyecto contempla, dijo Kaiser, que no se modifique de forma permanente el Estatuto Administrativo, que es la norma que regula la estabilidad y condiciones del funcionariado. La iniciativa, en su planteamiento, sería una facultad temporal para el inicio de un gobierno.
Quien gane con esta norma sería el Ejecutivo entrante, que obtendría mayor flexibilidad para recomponer la estructura estatal. Los perdedores potenciales serían los funcionarios públicos y sus organizaciones sindicales, por la pérdida de estabilidad laboral; y, en el corto plazo, los usuarios de servicios si las salidas de personal no se planifican para mantener continuidad operativa.
Históricamente, las garantías de estabilidad en el empleo público han servido para profesionalizar la administración y proteger servicios esenciales. Cambiar ese equilibrio mediante una medida temporal puede acelerar reordenamientos, pero también abre conflictos legales y tensiones laborales. En ese escenario, la discusión en el Congreso Nacional y las reacciones de las organizaciones de trabajadores definirán si la propuesta avanza y en qué formato.
Los próximos pasos son la presentación formal de la iniciativa, la identificación de patrocinadores legislativos y el inicio del debate en comisiones. Si se aprueba, el Gobierno entrante dispondría de una herramienta para ajustar personal en los primeros seis meses, con consecuencias directas sobre la administración pública y la provisión de servicios a la ciudadanía.
