La Fiscalía Nacional abrió una investigación por el presunto tráfico de aproximadamente 200 haitianos, menores de edad, que ingresaron a Chile en vuelos chárter entre enero y abril de 2025, de la mano de una decena de adultos que actuaron como tutores legales sin lazos sanguíneos y bajo la figura de una reunificación familiar. El caso fue descrito como gravísimo por el presidente José Antonio Kast, quien dio señales de que la situación podría tener implicancias políticas y sociales de alto impacto en la confianza ciudadana frente a la protección de la niñez migrante.

El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, afirmó que la cifra podría doblarse y aseguró que la oficina que dirige investiga también la presunta colaboración de funcionarios estatales en lo que podría ser una verdadera red de trata de menores. «La realidad nos puede dar una bofetada y que el número sea el doble. Eso lo va a determinar el desarrollo de la investigación», señaló Campos en entrevista con Expreso Bío Bío. En ese contexto, añadió que la unidad controla la posible intervención de distintas instituciones y que la investigación podría ampliar su foco a otras aristas.

La fiscalía ha señalado que varias instituciones públicas podrían estar involucradas. Según Campos, está en el foco la Dirección General del Registro Civil, que debe aportar antecedentes, así como el Servicio Nacional de Migraciones, la Subsecretaría de la Niñez y la Policía de Investigaciones de Chile, todas ellas instituciones formadas por funcionarios públicos. Va a ser obviamente un foco de la pesquisa si existe o no intervención de particulares, pero también de funcionarios públicos que pudieron dejar de cumplir su deber o que eventualmente pudieron haber recibido algún tema de dádiva o promesa, afirmó.

Por su parte, el fiscal nacional Ángel Valencia reconoció que el paradero de los cientos de menores presuntamente afectadas es parte de la investigación. «Esta tendrá que determinar cuáles son los hechos ocurridos, la cantidad de personas que se hayan visto afectadas, si se ha cometido o no se ha cometido delitos, y en caso de que haya ocurrido, quiénes son sus autores», cerró Valencia.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, evitó culpar al gobierno de Boric por estos hechos y afirmó que el foco debe estar en esclarecer los hechos y proteger a las víctimas.

En el plano histórico, este caso se inscribe en una serie de episodios de migración y protección de menores que han desbordado la capacidad de respuesta pública, generando debates sobre la supervisión de tutores y las políticas de reunificación familiar, así como sobre los mecanismos de control de vuelos y pagos vinculados a la migración. El episodio podría impulsar cambios en la coordinación entre Instituciones públicas y requerir ajustes normativos para evitar vulneraciones a niños y adolescentes.

La Fiscalía adelantó que la investigación continuará en las próximas semanas para precisar hechos, identificar responsables y definir si existieron delitos, así como para revisar antecedentes de las instituciones citadas y determinar si hubo una participación de terceros o de funcionarios, con el objetivo de esclarecer quién pagó los vuelos y si existieron dádivas o sobornos. El Ministerio Público insistió en que la pesquisa seguirá avanzando con diligencias que permitan establecer la magnitud real del hecho y sus responsables, tanto entre particulares como dentro del aparato estatal.