En un balance sobre hechos delictuales de 2025, el Ministerio de Seguridad presentó cifras de Carabineros y la Policía de Investigaciones, señalando un aumento del 17,9% en delitos asociados a drogas. El ministro Luis Cordero afirmó que la marihuana "es la principal droga que se comercializa en nuestro país" y dijo que gran parte proviene del exterior, con niveles de THC superiores a lo convencional, lo que, según él, tiene efectos relevantes en salud pública.

La diputada Ana María Gazmuri respondió con dureza. Dijo que "con el actual enfoque lo único que se está normalizando es el narcotráfico" y acusó al Ejecutivo de culpar a los usuarios en vez de regular el mercado que, a su juicio, concentra más del 80% de las incautaciones. Gazmuri citó a Alemania, Canadá y Uruguay como modelos que regulan el cannabis para quitarle mercado a las organizaciones criminales. También criticó al gobierno por no haber implementado los protocolos de cultivo para uso medicinal de la ley 21.575.

Consecuencias El choque expone dos vías de política pública. La posición del ministro prioriza la acción policial y el control de redes de abastecimiento. La postura de Gazmuri apuesta por regulación y control sanitario para reducir la participación delictual en el comercio de cannabis. Para la ciudadanía esto implica alternativas distintas: más fiscalización y posibles penalizaciones por un lado, o cambios regulatorios y acceso médico y recreativo regulado por el otro.

Históricamente, el debate sobre drogas en Chile ha oscilado entre enfoque represivo y medidas de reducción de daños. Aquí se reabre con fuerza por las cifras 2025. Quien gana políticamente con la retórica de Cordero son los votantes preocupados por el orden público; quien gana con la propuesta de Gazmuri son los grupos pro regulación, y potencialmente usuarios y pequeños cultivadores que buscan seguridad jurídica. Pierden, en ambos escenarios, los consumidores sin acceso a regulación y las comunidades afectadas por violencia ligada al tráfico.

Qué falta por saber Cordero presentó aumentos y alertas sobre THC importado, pero en sus declaraciones no detalló la relación causal entre el alza de delitos y la estructura del mercado. Gazmuri invoca organismos internacionales y ejemplos extranjeros, pero no ofreció cifras nacionales que muestren cómo la regulación reduciría hoy la criminalidad. Ese vacío de datos prácticos será clave en la discusión pública.

En ese contexto El debate marcará la agenda de políticas de seguridad y salud pública. Para avanzar se requerirán datos sobre el mercado interno, volumen de incautaciones por tipo de sustancia, y el estado de los protocolos de la ley 21.575. Sin esos insumos, la discusión seguirá centrada en retórica y atribuciones, más que en soluciones verificables para los ciudadanos.