En su despedida como subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana reconoció este miércoles que el objetivo de terminar con el Crédito con Aval del Estado no se concretó y que la condonación de deudas quedó como una promesa pendiente del gobierno. Orellana, parte de la generación política surgida del movimiento estudiantil, asumió que la iniciativa no vio la luz durante su gestión.

Como antecedente, el Crédito con Aval del Estado (CAE) fue el centro de las demandas de la movilización estudiantil de 2011, que instaló en la agenda pública la discusión sobre la financiación universitaria y la educación como derecho. Ese trasfondo explica por qué el debate sobre el CAE ha sido político y simbólico, además de técnico.

El subsecretario explicó que intentaron avanzar en una modernización del sistema de educación superior que incluyera cambios en financiamiento, trayectorias formativas y fortalecimiento de la educación pública. Aun así, dijo que “la inercia” detuvo la reforma: por un lado, actores que se beneficiaban del CAE; por otro, un sector político que no quiso otorgar un triunfo al gobierno de Gabriel Boric. En sus palabras, "Una vez rota la inercia no hay otra posibilidad que llevar adelante una transformación del CAE".

Orellana puso énfasis en que la idea de condonar deudas dejó de ser una palabra tabú y pasó a ser parte de un consenso político, aunque remarcó que los detalles técnicos y el costo fiscal quedan por definirse por la próxima administración. La condonación implicará recursos del Estado y exigirá una estimación clara de su alcance y su impacto presupuestario antes de aplicarla.

En términos prácticos, la medida beneficiaría directamente a los deudores estudiantiles, aliviando cargas financieras que afectan la trayectoria laboral y familiar de miles de jóvenes. En contraste, perderían ingresos quienes hoy obtienen rentas vinculadas al CAE, y habría presión para reconfigurar mecanismos de financiamiento universitario. Para el ciudadano común, la discusión se traduce en una pregunta simple: quién pagará esa cuenta y cómo se asegurará más acceso y mejor calidad en la educación pública.

El cierre del CAE y una eventual condonación serán, a partir de ahora, tareas que deberá asumir la próxima administración. Además de las decisiones técnicas, la dimensión política será clave: avanzar requerirá consensos, estimaciones fiscales precisas y medidas complementarias para fortalecer la oferta pública de educación superior y evitar efectos indeseados en la matrícula y en la calidad.

La salida de Orellana deja una agenda abierta. El próximo paso es que el Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Educación Superior, junto a las futuras autoridades, entreguen cifras y propuestas concretas sobre cómo proceder con la condonación y la transición a un nuevo sistema de financiamiento.