Este lunes la Corte de Apelaciones comenzará a revisar el pedido para quitar la inmunidad parlamentaria a Joaquín Lavín León, diputado chileno, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la Municipalidad de Maipú.
La causa investiga posibles delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias, falsificación de instrumento mercantil y delitos tributarios, todos vinculados a la administración y financiamiento de actividades relacionadas con la comuna. Si la Corte confirma el desafuero, la Fiscalía podrá formalizar a Lavín y, si lo estima necesario, solicitar medidas cautelares en su contra.
El abogado penalista Eduardo Saavedra explicó que el desafuero no declara culpable a un parlamentario, sino que permite que sea investigado y formalizado como cualquier ciudadano. Esa aclaración responde a dudas habituales sobre el proceso y sus efectos inmediatos.
El querellante del caso dijo esperar la confirmación del desafuero y confía en que la Corte Suprema ratifique el fallo de la apelación, aunque la defensa del diputado no ha entregado declaraciones públicas hasta la tarde del lunes, cuando se conozca el dictamen del tribunal.
En el plano político, el proceso vuelve a poner en tensión la relación entre transparencia municipal y representación parlamentaria. En casos previos en Chile, la pérdida de inmunidad facilitó formalizaciones y, en ocasiones, llevó a medidas cautelares que afectaron la labor legislativa del investigado. Aquí, quien pierde más es la confianza ciudadana en la gestión de recursos públicos; quien podría ganar es la investigación, si permite aclarar responsabilidades.
Los próximos pasos son claros: si la Corte de Apelaciones confirma el desafuero, la Fiscalía avanzará con la formalización y eventualmente pedirá cautelares; la decisión puede ser revisada ante la Corte Suprema. Más allá del resultado judicial, la causa tendrá efectos políticos y administrativos sobre la Municipalidad de Maipú y sobre la percepción pública del control del gasto público.
