La Corte Suprema ratificó este lunes el desafuero de Joaquín Lavín, diputado chileno, en un fallo vinculado a una investigación penal, a semanas del cierre del periodo parlamentario que termina el 11 de marzo.

Con esa confirmación, el actual periodo suma un total inusual de casos que han obligado a la Justicia a remover la inmunidad a parlamentarios. En términos absolutos se trata de una cifra sin precedentes en los últimos decenios y equivalente al 3,87% de los 155 diputados que asumieron en 2022.

Desde marzo de 2022 más de una decena de legisladores han debido comparecer en procesos penales de distinta naturaleza, y no todos los procedimientos avanzaron de la misma forma: hubo solicitudes de desafuero rechazadas y al menos una causa fue sobreseída. En el recuento histórico, sólo durante el gobierno de Ricardo Lagos hubo más desafueros desde 1990, con tres senadores y ocho diputados en seis años, cinco de ellos vinculados al llamado caso Coimas.

Entre los diputados despojados de inmunidad en este periodo se cuentan: María Luisa Cordero, psiquiatra y diputada, cuyo desafuero fue acogido por la Corte de Apelaciones de Santiago el 8 de junio de 2023 en el marco de una querella por injurias presentada por la senadora Fabiola Campillai; Cordero ofreció disculpas públicas en una conciliación en enero de 2024.

También figura Francisco Pulgar, diputado independiente por el distrito 17 de la Región del Maule, desaforado por la Corte de Apelaciones de Talca el 23 de octubre de 2024 en una investigación del Ministerio Público por una denuncia por violación y abuso sexual reiterados contra una menor de 14 años; la Corte Suprema ratificó el desafuero en diciembre de ese año y Pulgar permanece con arresto domiciliario total a la espera del juicio.

Mauricio Ojeda, diputado independiente y exintegrante de la bancada del Partido Republicano, fue desaforado por la Corte de Apelaciones de Temuco el 22 de julio de 2024, decisión confirmada posteriormente por la Corte Suprema; se le investiga en una trama de presunta corrupción en convenios por más de $700 millones con el Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía y las fundaciones Folab y Educc, y cumple arresto domiciliario total.

La cobertura original menciona además a Catalina Pérez, diputada y ex presidenta del partido Revolución Democrática, desaforada en el marco del llamado caso Democracia Viva. El texto provisto está truncado y no especifica el estado procesal final de ese caso ni si la Corte Suprema confirmó su desafuero; esa información requiere verificación adicional.

El balance político es evidente: la repetición de desafueros erosiona la imagen del Congreso y tensiona a los partidos, mientras que la Justicia asume procesos que paralizan a varios parlamentarios. Para el ciudadano común, el impacto práctico es doble, por una parte la sensación de menor representación efectiva cuando diputados quedan con medidas como arresto domiciliario total, y por otra la emergencia de un debate público sobre los límites de la inmunidad parlamentaria y la transparencia en la gestión pública.

En ese contexto, la cifra alcanzada en este periodo podría reavivar presiones por reformas procedimentales y por mayor control sobre el financiamiento y convenios entre autoridades regionales y organizaciones civiles. Quedan además causas por resolver y juicios por delante, lo que significa que el número de parlamentarios involucrados en procesos penales podría seguir cambiando después del término del periodo, el 11 de marzo.