El Séptimo Juzgado de Garantía y la Corte de Apelaciones de Santiago rechazaron la solicitud de prisión preventiva para cinco imputados en la causa ProCultura, entre ellos el ex director ejecutivo Alberto Larraín, y dispusieron en su lugar arraigo nacional. Además, el pleno de la Corte denegó por unanimidad el desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego.

Las resoluciones, según consta en los fallos del tribunal y en el expediente judicial, subrayan falencias probatorias: los antecedentes presentados por la Fiscalía no habrían satisfecho el estándar necesario para imponer cautelares más gravosas. La Corte ya había advertido, al conocer la apelación sobre las prisiones preventivas, que esa insuficiencia existía a pesar de una investigación que supera los dos años y del acceso a fuentes probatorias relevantes, como teléfonos personales y cuentas bancarias de los imputados y de la fundación involucrada.

El caso investiga un presunto fraude al Fisco vinculado a ProCultura, organización que recibió más de $1.600 millones del Gobierno Regional de Santiago para un programa de contención del suicidio. Según las actuaciones, se rindieron alrededor de $600 millones; no existe claridad pública sobre el destino del resto de los fondos. ProCultura es uno de los episodios más emblemáticos dentro del conjunto de causas por fundaciones que habrían desviado recursos públicos.

Las implicancias son institucionales y sociales. En lo inmediato, el revés afecta la credibilidad del Ministerio Público al exponer debilidades en la estrategia probatoria en un caso de alta visibilidad. También plantea dudas sobre otras investigaciones vinculadas a contratos con ProCultura que han sido desformalizadas en distintas gobernaciones, y sobre si seguirán un curso similar.

El estado actual es de debilitamiento de la acusación, pero no de cierre definitivo. Las medidas cautelares quedan limitadas al arraigo nacional para los imputados mencionados, y la causa permanece abierta. Hasta ahora no hay en el expediente público anuncios de recursos adicionales presentados por la Fiscalía tras estas resoluciones. En el plano interno, como informó recientemente la prensa, el fiscal adjunto de Antofagasta Eduardo Ríos renunció y denunció un presunto espionaje en la investigación ProCultura, lo que añade tensión institucional al proceso y complica la percepción pública del manejo del caso.