En Arequipa, Perú, el candidato presidencial Carlos Espá, líder del partido SíCreo, acusó a los partidos políticos de recibir financiamiento de la minería ilegal y afirmó la existencia de una "bancada de minería ilegal" dentro del Congreso de la República. La intervención se dio en medio de su campaña por la elección presidencial.

Espá planteó que la lucha contra la inseguridad ciudadana exige una decisión política firme y propuso romper, dijo, el vínculo entre organizaciones criminales y estructuras políticas. En ese contexto anunció que impulsará un paquete de reformas en la primera semana de gobierno, que incluiría una reforma del Estado y una reforma tributaria orientada a reducir impuestos.

El candidato explicó que presentaría esas iniciativas ante el Congreso junto con una cuestión de confianza, mecanismo constitucional que permite al Ejecutivo solicitar respaldo del Parlamento para su gabinete o políticas prioritarias. Espá sostuvo que, si el Congreso bloquea las propuestas, su gobierno estaría dispuesto a plantear dos cuestiones de confianza, lo que podría derivar en la disolución de la Cámara de Diputados y en la convocatoria a nuevas elecciones legislativas.

Históricamente en Perú la disolución del Congreso no es inédita. En 1992 el entonces presidente Alberto Fujimori disolvió el Parlamento mediante un autogolpe, y en 2019 el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso tras una crisis política derivada de denegatorias de confianza. Ambas acciones generaron fuerte debate constitucional y conflicto político. La interpretación sobre cuándo procede la disolución sigue siendo materia de disputa jurídica y política en el país.

En materia de seguridad, Espá propuso la construcción de seis penales de máxima seguridad que operarían bajo un régimen especial, sin visitas ni beneficios penitenciarios, destinados, dijo, a cabecillas de organizaciones criminales. La propuesta choca con estándares de derechos humanos y con críticas recurrentes sobre el hacinamiento y la gestión penitenciaria en Perú.

Las afirmaciones de Espá llegan en un contexto de alta violencia y extorsión en el país. Según datos de la Policía Nacional del Perú, Lima y La Libertad concentran la mayoría de denuncias por extorsión, con 2.099 denuncias entre el 1 de enero y el 18 de febrero de 2026, dato que el candidato usó para justificar su agenda de seguridad.

Quién gana y quién pierde con esta estrategia es claro. Gana Espá y su base si logra polarizar el debate y presentarse como mano dura frente a la criminalidad. Pierde el Congreso y los partidos señalados, que enfrentarían presión para aprobar reformas o exponerse a una crisis institucional. Pierde también la ciudadanía si la confrontación deriva en inestabilidad política o en políticas de seguridad que vulneren garantías básicas.

El panorama para los próximos meses será la tensión entre el Ejecutivo en campaña y un Congreso que ya enfrenta cuestionamientos por financiamiento y representatividad. Si Espá avanza con la hoja de ruta anunciada, el choque institucional abrirá una disputa sobre límites constitucionales, costos políticos y efectos concretos sobre la seguridad y la gobernabilidad en Perú.