La Dirección de Presupuestos, Dipres, publicó el último Informe de Finanzas Públicas que ubica el déficit fiscal estructural en 3,6% del Producto Interno Bruto, y confirmó el tercer incumplimiento de las metas fiscales del gobierno. La recaudación tributaria no minera fue 16,4% del PIB, por debajo del 16,8% del año anterior y la menor desde 2014.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, dijo en radio Infinita que “las decisiones que se tomaron con la información que existía fueron decisiones razonables, y lo que hicimos fue que, cuando cambió la información, tomar decisiones distintas”. Explicó que la Ley de Presupuesto se redactó con datos al tercer trimestre, cuando la tributación acumulada entre enero y septiembre había crecido 6,4%. Sólo a fines de enero se conoció el dato de diciembre, que mostró una caída de 3,8% en los últimos tres meses de 2025, y por eso el Ejecutivo anunció una reducción del gasto el 30 de enero junto a la Dipres.

Consecuencias inmediatas: El déficit mayor presiona la discusión presupuestaria y abre espacio a pedidos de mayor transparencia. El ex candidato presidencial José Antonio Kast pidió un informe fiscal único para que lo revise el Consejo Fiscal Autónomo, el Congreso y el Banco Central, el cual podría derivar en interpelaciones o más cuestionamientos parlamentarios. Además, la Dipres ha señalado que ajustes contables por traspasos de Codelco, la empresa estatal del cobre, explican una parte sustancial de la brecha entre cifras reportadas, lo que agrega un componente metodológico al debate.

El precedente inmediato es la sorpresa por ingresos que venían en línea con proyecciones hasta septiembre, pero que se desplomaron en diciembre. Quién gana, quién pierde. Gana el gobierno en la narrativa de que actuó según la información disponible y que controló el gasto. Pierde el Ejecutivo en términos políticos, porque el resultado entrega munición a la oposición y alimenta dudas sobre la planificación fiscal. Pierde también el ciudadano común si el ajuste del gasto se traduce en menores servicios o postergación de programas sociales.

Para el ciudadano, el efecto concreto puede ser una mayor presión sobre el presupuesto público en 2026, y posibles recortes o reasignaciones en salud, educación y municipios, salvo que se acuerden medidas alternativas, como cambios tributarios o nuevas transferencias desde empresas estatales. En ese sentido, la discusión técnica sobre cómo se contabilizan las transferencias de Codelco y el rol del Consejo Fiscal Autónomo será clave para calibrar responsabilidades y definir remedios.

En síntesis, la defensa de Grau se apoya en la secuencia temporal de la información disponible, pero el déficit obliga a un debate más amplio sobre metodología fiscal, responsabilidades políticas y el costo real para la ciudadanía.