Documentos oficiales revelan que Alexandra Caples, directora ejecutiva de seguridad nacional de la oficina del gabinete de Nueva Gales del Sur, advirtió al primer ministro estatal Chris Minns, antes de la promulgación de leyes de emergencia el 24 de diciembre, que un endurecimiento de los poderes policiales tras el atentado en Bondi podía «aumentar el riesgo de radicalización». La recomendación llegó una semana después del tiroteo antisemita del 14 de diciembre que dejó 15 personas muertas durante una celebración de Janucá.
En su nota, Caples expuso opciones para atacar la incitación a la violencia y al odio usando la legislación existente, pero subrayó que cualquier reforma debía sopesar la proporcionalidad, la supervisión judicial y el compromiso comunitario para evitar consecuencias no deseadas y riesgos constitucionales. Ella advirtió que la aplicación desproporcionada de leyes previas, como las relacionadas con el consorcio y el antiterrorismo, había afectado de forma desproporcionada a comunidades indígenas, minorías étnicas y jóvenes, y que la aplicación contundente podía dañar la confianza entre la policía y esas comunidades.
Pese a las advertencias, el parlamento de Nueva Gales del Sur aprobó cambios que endurecen el control sobre armas y amplían las facultades policiales para restringir asambleas públicas en áreas designadas sin supervisión judicial en casos de un ataque terrorista declarado. La legislación, aprobada el 24 de diciembre, fue seguida por un decreto de emergencia que otorgó poderes adicionales a la Policía de Nueva Gales del Sur, y provocó críticas de organizaciones de derechos civiles que señalaron riesgos de perfilamiento y erosión de libertades civiles.
Desde la oficina del primer ministro Minns se señaló que no es exacto decir que el memo de Caples fue ignorado, porque sus recomendaciones no se referían directamente a las medidas adoptadas el 24 de diciembre. El gobierno afirmó que su prioridad es mantener la seguridad comunitaria y defendió las normas aprobadas.
El debate remite a una tensión global entre respuestas rápidas a la violencia extrema y la necesidad de salvaguardar controles judiciales y la confianza comunitaria. Experiencias en otras democracias han mostrado que medidas de emergencia que eluden supervisión pueden generar efectos contraproducentes sobre la cooperación ciudadana con las autoridades y la prevención del extremismo.
Para Chile y América Latina la discusión importa porque ofrece un recordatorio sobre las lecciones de la gestión de orden público: cuando los gobiernos optan por facultades extraordinarias sin mecanismos claros de supervisión, aumentan los riesgos de discriminación y de fractura social. Las protestas masivas de 2019 en Chile evidenciaron cómo la percepción de uso excesivo de la fuerza puede polarizar sociedades; por eso expertos y organizaciones locales suelen reclamar proporcionalidad, rendición de cuentas y diálogo con comunidades vulnerables al diseñar respuestas a la violencia.
A mediano plazo, las leyes de Nueva Gales del Sur podrían enfrentar impugnaciones judiciales o revisiones políticas si persisten las críticas de grupos por los derechos civiles. Mientras tanto, la discusión pública se mantiene sobre cómo equilibrar la protección de la seguridad con la preservación de libertades y la confianza entre policía y comunidades afectadas.
