El Tribunal Constitucional (TC) dejó ayer sin efecto cuatro disposiciones de la ley de Escuelas Protegidas. La resolución, dada a conocer en la noche del martes, constituye la primera derrota constitucional del gobierno del Presidente José Antonio Kast.
El fallo respondió a un requerimiento que parlamentarios de oposición presentaron ante el tribunal. Antes de decidir, los diez ministros recibieron a distintas organizaciones sociales que expusieron argumentos a favor y en contra del proyecto, aprobado por el Congreso a inicios de junio.
Entre las disposiciones declaradas inconstitucionales hay dos que generaban mayor debate: la que autorizaba a la PDI (Policía de Investigaciones) o Carabineros a revisar mochilas en colegios a pedido del establecimiento, y la que fijaba inhabilidades para acceder a la gratuidad universitaria. Ambas quedaron fuera de la ley.
La urgencia del proyecto vino de dos episodios que sacudieron el debate educacional. A finales de marzo, una profesora fue asesinada en un colegio de Calama. Semanas después, a inicios de abril, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, sufrió el intento de una golpiza en la Universidad Austral de Valdivia. El Gobierno convirtió la agenda educacional en prioridad, por encima incluso del proyecto de reconstrucción.
La composición del TC añade una capa política a la derrota. Siete de los diez ministros del organismo fueron designados por el expresidente Gabriel Boric, predecesor de Kast en La Moneda. La presidenta del tribunal, Daniela Marzi, llegó al cargo también por designación del exmandatario frentamplista y permanecerá en ese rol hasta el 12 de julio.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, reaccionó con cautela ante la resolución. El Gobierno tiene ahora la opción de presentar un nuevo proyecto legislativo que busque incorporar las disposiciones objetadas, o bien redefinir su estrategia en seguridad escolar para los próximos meses.
