El alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri, dijo este lunes en Radio Agricultura que "lamentablemente cada vez somos más alcaldes los que estamos amenazados" y que varios ediles mantienen resguardo policial por esas amenazas.
Según Alessandri, los alcaldes y concejales están en la primera línea porque administran realidades locales y toman decisiones que afectan intereses concretos. En la entrevista sostuvo que "no es nuevo, esto viene hace bastante tiempo" y que en los últimos 10 años los delitos que enfrentan las municipalidades han cambiado notablemente.
El alcalde planteó que la respuesta debe ser coordinada: pidió al Estado trabajar en conjunto para crear una fuerza de tarea y una planificación a corto, mediano y largo plazo para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y el sicariato. Señaló además que las amenazas tienen dos focos: decisiones municipales, como patentes de alcohol y permisos que pueden afectar negocios ilícitos, y la presión directa del narcotráfico.
Alessandri describió diferencias regionales: dijo que en el sur las amenazas han estado ligadas al robo de madera, mientras que en el norte predominan los conflictos por narcotráfico. Su llamado implica coordinar a Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el Ministerio del Interior y la Fiscalía, entre otras instituciones, para un abordaje integral.
Políticamente, el reclamo presiona al gobierno y a las policías a mostrar resultados concretos. Gana quien se organiza: las bandas criminales consolidan poder donde hay descoordinación; pierden los alcaldes, los concejales y, sobre todo, los ciudadanos que ven debilitada la capacidad municipal para aplicar normas y entregar servicios. En la práctica, la amenaza puede enfriar decisiones municipales sobre regulación de comercios y control local.
El planteamiento de la ACHM pone la pelota en el campo del Estado: requiere una respuesta oficial y recursos para implementar equipos interinstitucionales y medidas preventivas. Si esa respuesta no llega, la consecuencia será más autoridad local sometida a presión y una gobernanza municipal menos efectiva, con impacto directo en la seguridad y la vida cotidiana de los vecinos.
