El preuniversitario Cepech presentó un recurso de protección contra la Municipalidad de Concepción, tras denunciar que el 26 de diciembre pasado se autorizó a promotores de otro preuniversitario a captar clientes en la vereda frente a su sede, en avenida O'Higgins 1245. La autorización fue, según la denuncia, un permiso de comercio ambulante previo pago de una patente por 140.000 pesos.
El gerente de Cepech, Fernando Cisternas, afirma que los promotores abordan a las personas que salen de la sede, "les hablan pestes de mi preuniversitario y se los llevan a su sede". La conducta, según la denuncia, queda registrada en videos y fotografías presentados ante la Corte de Apelaciones de Concepción, que declaró admisible el recurso y dio a la municipalidad 10 días para presentar sus descargos.
Desde el municipio, el director jurídico Rodrigo Díaz dijo que la dirección consignada en el permiso es solo referencial y que revisan una posible irregularidad en la autorización emitida por la Dirección de Patentes, pues estas autorizaciones son "esencialmente precarias".
Cepech sostiene que, en comparación con el año pasado, habría perdido hasta 130 matrículas, equivalente a cerca de 100 millones de pesos en ingresos. Esa cifra corresponde a la estimación de la institución demandante y forma parte de los antecedentes del recurso.
Contexto legal y institucional: los permisos de comercio ambulante y las patentes son competencia municipal y se regulan por ordenanzas locales. El recurso de protección es un mecanismo constitucional para proteger derechos fundamentales ante tribunales, en este caso la Corte de Apelaciones de Concepción. En materia de competencia, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) es el organismo encargado de velar por la libre competencia en Chile, y el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) protege los derechos de las personas consumidoras; ambos podrían ser referentes en conflictos sobre prácticas comerciales, aunque no se ha informado que estén interviniendo en este caso.
Qué está en juego para las personas: además del perjuicio económico alegado por Cepech, la situación puede generar confusión entre quienes buscan un preuniversitario, y plantea dudas sobre prácticas de captación en zonas con alta concentración de oferta educativa. La resolución del recurso podría ordenar la revocación del permiso, o bien confirmar que la autorización municipal se ajustó a la normativa vigente.
El Preuniversitario Profesores comprometió entregar su versión, pero hasta ahora no la ha presentado ante el tribunal, según los antecedentes del expediente. Como consta en el proceso judicial, existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al concluir la investigación, por lo que no debe considerarse a los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia.

