España tramita una regularización extraordinaria para conceder permisos de residencia y trabajo a personas extranjeras que vivan en el país desde antes del 31 de diciembre y puedan acreditar ausencia de antecedentes penales. El texto todavía debe pasar consultas administrativas y legales.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el departamento del Gobierno español que gestiona la inmigración, aclaró que el conocimiento de las lenguas cooficiales, como el catalán, no será obligatorio para obtener la autorización inicial de residencia y trabajo. La aclaración responde a aportes realizados por el Govern de Cataluña y a declaraciones de Esquerra Republicana de Catalunya, un partido independentista catalán que dijo haber introducido la medida para renovaciones.
Consecuencias: El real decreto está en tramitación y debe recabar informes, entre ellos del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, un órgano asesor sobre integración, y del Consejo de Estado, el principal órgano consultivo del Gobierno. Aunque el catalán no será requisito para la autorización inicial, el ministerio indicó que para prórrogas o itinerarios posteriores se podría solicitar un informe favorable de integración de los servicios sociales de las comunidades autónomas. Ese informe puede acreditar, entre otros aspectos, el aprendizaje de la lengua oficial del territorio, en línea con la normativa de extranjería y con figuras como el arraigo, que ya exige valoraciones de integración.
Históricamente, las regularizaciones extraordinarias en España han generado tensiones entre el gobierno central y las comunidades autónomas, especialmente donde hay lenguas cooficiales. Quién gana y quién pierde es claro: los solicitantes obtienen seguridad jurídica para acceder al permiso inicial sin una barrera lingüística inmediata, mientras que las administraciones autonómicas conservan herramientas para exigir integración en etapas posteriores. Para la ciudadanía, la medida reduce una traba administrativa inicial, pero abre la posibilidad de requisitos diferenciales según la comunidad autónoma al momento de renovar permisos.
Qué deben hacer los migrantes, incluyendo chilenos en España: 1) Preparar documentación probatoria de residencia anterior al 31 de diciembre, pasaporte y certificados de antecedentes penales, sin dejar de verificar los requisitos finales cuando se publique el real decreto. 2) No asumir que el catalán será condición para la autorización inicial, pero considerar comenzar clases si viven en Cataluña, porque el informe de integración que exigirían las comunidades puede valorar el conocimiento de la lengua para prórrogas. 3) Consultar al consulado de Chile en España, a organizaciones de apoyo a migrantes y a abogados especialistas en extranjería para recibir orientación concreta y actualizada. 4) Estar atentos a la publicación del real decreto y a los plazos de solicitud, ya que el borrador aún puede incorporar cambios tras los informes solicitados.
En ese contexto, la disputa entre Madrid y Barcelona sobre competencias lingüísticas seguirá siendo un elemento político central en la implementación de la medida. El detalle final de requisitos y plazos dependerá del texto definitivo y de los criterios que fijen las comunidades autónomas a la hora de valorar los informes de integración.
