El 24 de febrero de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos revocó las visas del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz; y, según trascendió, también del subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y del jefe de gabinete de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), Guillermo Petersen, en el contexto del debate por un proyecto de cable submarino entre Valparaíso y Hong Kong, región administrativa especial de China.

La reacción pública ha estado marcada por una indignación soberanista comprensible. Sin embargo, reducir el episodio a una afrenta diplomática impide ver lo que revela con mayor crudeza: la fragilidad institucional con que Chile enfrenta riesgos tecnológicos y geopolíticos que no encajan en la vieja idea de amenazas militares clásicas.

La disputa alrededor del cable pone en evidencia una carencia profunda. Chile no tiene, en rigor, una doctrina de seguridad nacional operativa en democracia. La explicación histórica es conocida: el régimen militar convirtió el concepto de seguridad nacional en una herramienta para la represión interna, y la transición democrática, con razón, lo rechazó. El efecto no deseado fue que esa discusión quedó empantanada, sin que emergiera una versión democrática que identifique vulnerabilidades contemporáneas.

En las democracias con marcos operativos, la seguridad nacional se aborda con documentos y evaluaciones públicas que definen amenazas, actores y métodos. Pensemos en la National Security Strategy de Estados Unidos, o en los Annual Threat Assessments que realizan la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA). En Reino Unido, servicios como el MI5, que es el servicio de seguridad interno, y el MI6, que es el servicio de inteligencia exterior, producen análisis que orientan decisiones sobre infraestructura crítica.

Si el riesgo asociado al cable entre Valparaíso y Hong Kong proviene, como se ha discutido, de que estaría operado por empresas sujetas a la ley de inteligencia china, esa evaluación no puede depender únicamente de percepciones externas. Debemos construir, por fin, las capacidades propias para evaluar estos riesgos autónomamente, era una de las lecciones inevitablemente apuntadas por la contingencia. Sin pericia técnica y análisis estratégico, Chile queda sujeto a decisiones hechas por terceros: Washington puede revocar visas, o Beijing puede consolidar dependencias.

Construir esas capacidades no es retornar al secretismo, sino dotar al país de herramientas públicas y técnicas para decidir. Eso implica fortalecer la Subsecretaría de Telecomunicaciones y su capacidad técnica, articular fiscalizaciones técnicas independientes, integrar análisis de inteligencia civil con criterios de transparencia democrática, y fomentar centros académicos que produzcan peritajes públicos y replicables. También requiere un debate político amplio que legitime una doctrina de seguridad compatible con libertades y controles civiles.

La discusión del cable Valparaíso-Hong Kong es un punto de inflexión. No es solo una polémica diplomática, es una llamada a que Chile piense con seriedad cómo protege su infraestructura crítica en un mundo donde la geopolítica se cuela en los cables, las placas base y las cadenas de suministro. Si no lo hacemos, seguiremos entregando decisiones estratégicas a otros, y la soberanía tecnológica quedará reducida a un eslogan en titulares.