Un equipo chileno realizó un reciente descenso a la Fosa de Atacama bajo el liderazgo del Dr. Osvaldo Ulloa, investigador chileno, en aguas jurisdiccionales asociadas a Chile. La operación, según los responsables del viaje, no solo aporta datos inéditos sobre el mar profundo, sino que se lee también como un gesto de presencia estatal en un territorio invisible para el ciudadano pero clave para el futuro del país.
La travesía científica se inscribe en una discusión más amplia sobre lo que significa ejercer soberanía informada. Investigar los fondos marinos da conocimiento sobre recursos, biodiversidad y riesgos ambientales, y al mismo tiempo fortalece argumentos jurídicos y estratégicos en foros internacionales. En términos prácticos, no hay autonomía estratégica sin cartografía, sensores y capacidad técnica para operar en profundidades extremas.
Chile, por su geografía, es una nación oceánica. Nuestro mar patrimonial supera por varias veces la superficie continental y contiene fuentes alimentarias y minerales críticas. La pesca y la acuicultura aparecen aquí como pilares de seguridad alimentaria, mientras que la lucha contra la pesca ilegal se plantea como una defensa del patrimonio estratégico y de comunidades litorales que dependen de esos recursos.
La importancia logística del territorio marítimo chileno se evidencia cuando se piensa en rutas globales. La vulnerabilidad de pasos interoceánicos como el Canal de Panamá, en Panamá, o el Canal de Suez, en Egipto, realza el valor del Estrecho de Magallanes como vía alternativa en el extremo sur. Mantener y modernizar infraestructura portuaria y capacidades navales coloca a Chile en posición de ofrecer estabilidad a la conectividad entre océanos.
A la dimensión física se suma la digital. Cerca del 95% del tráfico global de datos viaja por cables submarinos, y proyectos como el cable Humboldt posicionan a nuestro país como un nodo clave en el Pacífico Sur. Esa conectividad convierte al lecho marino en soporte de la economía digital y, por tanto, en objeto de interés geopolítico.
El subsuelo marino también concentra recursos minerales, sobre todo los llamados nódulos polimetálicos, ingredientes esenciales para baterías y tecnologías de la transición energética. La extracción en aguas internacionales y zonas en disputa obliga a Chile a participar activamente en la gobernanza, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que en inglés se conoce como UNCLOS, para proteger su autonomía decisional y evitar que otros actores fijen reglas sin nuestra voz.
La voz de la comunidad científica, representada en este caso por el equipo del Dr. Osvaldo Ulloa, es central. Los datos recogidos en expediciones profundas alimentan políticas públicas, permiten una inspección más efectiva contra actividades ilegales y sostienen normativas ambientales. Sin esos insumos, la defensa del mar se queda en declaraciones simbólicas.
El desafío inmediato para Chile es mixto: aumentar inversión en oceanografía, fortalecer la cooperación regional en investigación y fiscalización, y diseñar marcos legales que integren ciencia, derechos y desarrollo sustentable. A corto plazo, esto implica más buques de investigación, centros de monitoreo y acuerdos internacionales sobre cables y explotación de recursos.
Si la Fosa de Atacama fue el escenario de este nuevo hito, el debate que abre toca la identidad misma del país: no solo cómo usamos el mar, sino cómo lo defendemos y lo gobernamos en un mundo que mira con interés creciente al fondo oceánico. La decisión política ahora es convertir conocimiento en capacidad operativa y en reglas que preserven el bien común marino.
