La Ley N°21.719 de Protección de Datos Personales, publicada en diciembre de 2024, introduce un nuevo estándar para la gestión de la información personal en Chile y entrará en vigor el 1 de diciembre de 2026. La norma crea la Agencia de Protección de Datos Personales como la autoridad fiscalizadora, con poderes para supervisar el cumplimiento y aplicar sanciones cuando corresponda. En ese marco, los derechos de las personas quedan fortalecidos: acceso, rectificación, eliminación, oposición y mayor transparencia sobre cómo se recopila, almacena y utiliza la información. El consentimiento y la trazabilidad quedan como elementos clave para que las organizaciones puedan demostrar un uso legítimo, claro y verificable de los datos.

El capítulo tecnológico y cultural de la norma plantea desafíos para las empresas chilenas. Entre ellos destacan la adaptación de sistemas, la ciberseguridad, el gobierno de datos, la interoperabilidad, la auditoría, la gestión documental y la atención de solicitudes ciudadanas. Además, se abre espacio para definir cómo se aplica la Inteligencia Artificial (IA) dentro de estos procesos, siempre bajo el marco de la nueva normativa.

En la conversación participaron, entre otros, Wilson Rico, chileno, experto en Datos, Inteligencia Artificial e Hiperautomatización; Juan Pablo González Gutierrez, abogado chileno especializado en Derecho, Nuevas Tecnologías, Compliance, Ciberseguridad, Protección de Datos e Inteligencia Artificial; y Silvia Morillaz, Senior Manager de Operaciones Tech Chile para Indra Group, multinacional española de tecnología.

Finalmente, el capítulo invita a reflexionar sobre cómo Chile puede avanzar hacia una cultura de confianza digital. El desafío no será solo cumplir con la normativa antes de diciembre de 2026, sino construir una relación más transparente, segura y responsable entre organizaciones y ciudadanos en torno al uso de los datos personales. El próximo paso es la institucionalización de la Agencia y la implementación de mecanismos para reducir la fricción entre derechos y obligaciones, manteniendo a la vez la eficiencia operativa de las entidades.