En el último tramo del gobierno, la decisión del Panel Técnico de Concesiones puso fin a las gestiones para incorporar la circunvalación entre Coquimbo y La Serena en el contrato de la Ruta 5 Norte Los Vilos-La Serena. El organismo técnico determinó que la propuesta no cumplía la normativa vigente y comunicó su pronunciamiento formal.

El proyecto contemplaba una autopista de 39,74 kilómetros en el sector oriente de la conurbación, incluyendo un túnel de 1,8 kilómetros y enlaces a desnivel. Su objetivo declarado era descongestionar el tránsito y mejorar la conectividad entre ambas ciudades.

Según el panel, la iniciativa presentaba "discrepancias económicas insubsanables", porque los costos de conservación y mantenimiento no surgían de un proceso competitivo y los valores carecían de respaldo en referencias de mercado. Ese diagnóstico técnico fue la base para rechazar la modificación contractual que permitiría incorporar la obra.

Ricardo Guerrero, gerente de la Corporación Industrial para el Desarrollo de la Región de Coquimbo (CIDERE), manifestó su decepción. Guerrero dijo que el pronunciamiento resulta "algo desalentador" y que la decisión podría significar que la espera hasta hoy fue poco fructífera. CIDERE ya había advertido hace tres años sobre los riesgos por los altos costos del proyecto.

El gobernador regional de Coquimbo y representantes de gremios productivos de la zona criticaron la resolución y cuestionaron las gestiones realizadas por la administración encargada del convenio. En los comunicados locales se señaló la pérdida de tiempo y recursos, aunque no todos los documentos consignaron nombres concretos de las autoridades que formularon las críticas.

La caída del proyecto tiene consecuencias prácticas: sin la circunvalación, los problemas de congestión y la fragmentación urbana persistirán. Las mejoras previstas en el tramo urbano de la Ruta 5 podrían resultar insuficientes como solución integral para la conurbación, según voces empresariales y gremiales.

En lo institucional, la recomendación del panel es técnica, pero pesa en procesos judiciales y administrativos, por lo que podría forzar a las partes a renegociar el convenio marco. Existe la opción de modificar las bases y presentar una nueva propuesta con costos respaldados por referencias de mercado, o bien que la iniciativa quede definitivamente archivada.

Políticamente, la decisión tiene ganadores y perdedores claros. Ganan quienes exigen transparencia y controles sobre contratos públicos, y los contribuyentes protegidos frente a cifras sin respaldo. Pierden los usuarios y las pymes locales que esperaban una vía de desahogo, y los sectores de la construcción que contaban con la obra. Para el ciudadano común, el efecto inmediato será más congestión, viajes más largos y menos conectividad regional.

En el plano histórico, en Chile han surgido tensiones repetidas entre urgencia de obras viales y exigencias de competitividad en costos. Esta decisión confirma que, en el ciclo final de este gobierno, los proyectos que no acrediten procedimientos competitivos enfrentan una barrera técnica difícil de sortear. El desenlace dependerá de si las partes logran acordar nuevas condiciones y justificar los costos ante el mercado y los órganos fiscalizadores.