José Antonio Kast asumirá la presidencia de Chile el 11 de marzo y llega marcado por varias controversias que estallaron en el último tramo del gobierno de Gabriel Boric. Entre las disputas más visibles está la autorización administrativa para conectar un cable submarino de una empresa china, y las preguntas sobre los lazos entre futuros ministros y el gran empresariado.

El Ejecutivo saliente dictó un decreto que, antes de la revisión de la Contraloría General de la República, autorizó la instalación por 30 años del cable submarino de China Mobile International (CMI). Estados Unidos advirtió que, de concretarse la conexión, retiraría a Chile del Visa Waiver Program, el programa de exención de visado de Estados Unidos que permite entradas rápidas para ciudadanos chilenos. Ese cruce disparó una tensión diplomática directa entre Santiago y Washington.

La disputa por el cable no es solo técnica, es geopolítica. La infraestructura de telecomunicaciones submarina es parte de la competencia estratégica entre China y Estados Unidos por el control de redes críticas y datos. Varios gobiernos occidentales han limitado la participación de empresas chinas en infraestructuras sensibles por motivos de seguridad, y la presión de Washington sobre aliados y socios ha aumentado en ese contexto de multipolaridad y rivalidad tecnológico-estratégica.

En paralelo, el nuevo gobierno enfrenta cuestionamientos por la composición de su gabinete. Entre los nombres que han generado atención figura Francisco Pérez Mackenna, quien ha sido mencionado como próximo ministro de Relaciones Exteriores y que renunció a cargos gerenciales en firmas ligadas al grupo Luksic, como Quiñenco, además de relaciones con Banco de Chile, CCU y Enex. También se han citado vínculos empresariales en el extranjero, por ejemplo con la naviera Hapag-Lloyd. Estos antecedentes alimentan llamados a reglas claras de inhabilidad y transparencia para evitar conflictos de interés en decisiones que involucren sectores económicos estratégicos.

Las reacciones internacionales y domésticas ya se hacen sentir. Washington aplicó restricciones de visa contra autoridades chilenas en el episodio reciente, una señal que complicó la agenda bilateral y que algunos actores políticos han pedido considerar en la definición de la postura chilena en foros multilaterales. En Chile, organizaciones civiles y algunos parlamentarios exigen publicidad de los vínculos patrimoniales y la adopción de mecanismos de recusación de ministros en materias donde existan intereses previos.

Lo que está en juego para Chile es concreto: la decisión sobre el cable puede afectar seguridad digital, inversión extranjera y la relación con el principal socio económico y de seguridad del país, Estados Unidos. Perder el acceso al Visa Waiver Program afectaría la movilidad de personas para trabajo, turismo y negocios. Además, la percepción de una gestión con conflictos de interés puede erosionar confianza política y económica en los meses iniciales del gobierno.

Los próximos pasos serán clave: la Contraloría tiene en curso revisiones que podrían frenar o ratificar el decreto, y la administración entrante deberá equilibrar la relación con Washington y Beijing, mientras implementa normas de transparencia para su gabinete. El gobierno de Kast enfrentará así, desde el inicio, una prueba de gestión diplomática y de gobernanza pública que condicionará su margen de maniobra internacional y doméstico.